Por Karim Oviedo
La reciente reforma a la Ley de Vivienda, aprobada este 21 de abril de 2026, representa un hito innegable en la historia social de México. Por primera vez, nuestra legislación eleva el estándar de lo que significa “vivir bien” al incorporar los siete elementos de la Vivienda Adecuada definidos por la ONU. Es, en esencia, un acto de justicia: garantizar que la vivienda no sea solo un techo, sino un espacio con servicios, asequible, habitable y bien ubicado, que incorpore innovación, uso de recursos del lugar y que sea sustentable y ambientalmente adecuada. Como sector inmobiliario, celebramos esta visión que busca dignificar el hogar de millones de mexicanos.
Sin embargo, el diablo suele esconderse en los detalles de la implementación. El dictamen, tal como ha sido enviado para su promulgación, contiene una “carga de profundidad” técnica que podría terminar asfixiando precisamente a quienes busca proteger. Al definir la seguridad en la tenencia (Art. 2, Fracción VI) como una protección absoluta contra el “hostigamiento” y los desalojos, sin prever reglas procesales claras, ni tribunales especializados, la reforma deja en la inoperatividad a los juicios especiales hipotecarios.
El riesgo es sistémico. Si la garantía inmobiliaria se vuelve legalmente inejecutable ante el impago, el sector financiero no tendrá más remedio que endurecer el crédito hipotecario. Esto se traducirá en tasas más altas, enganches prohibitivos y una parálisis en el otorgamiento de hipotecas privadas. Estaremos ante un escenario donde el Estado intenta dar derechos con una mano, mientras la incertidumbre jurídica quita las herramientas financieras con la otra. No se puede construir un sistema de vivienda adecuado sobre la erosión del estado de derecho y la libertad contractual.
Ante este panorama, la última instancia de sensatez recae en el Poder Ejecutivo. Apelo a la investidura de la Presidenta de la República, en quien confío plenamente debe caber la razón técnica y el rigor analítico. Como científica, ella comprende que un sistema —ya sea biológico o económico— solo es sostenible si sus variables guardan equilibrio. Un ecosistema hipotecario no puede sobrevivir si se anula la certeza de sus garantías.
Hago un llamado respetuoso para que la Presidenta ejerza sus facultades constitucionales y devuelva el decreto al Congreso para su revisión. Es imperativo que se aclaren los alcances del cobro de hipotecas y se introduzca una vacatio legis que permita la creación de tribunales especializados. Solo mediante la precisión técnica y la claridad jurídica —propias del pensamiento científico que ella encabeza— podremos asegurar que el derecho a una vivienda adecuada no se convierta en el fin del acceso al crédito hipotecario de millones de familias mexicanas que dada la informalidad laboral, hoy no pueden acceder a los créditos que otorga el INFONAVIT y el FOVISSSTE.
