Por Carmen Contreras*
Cuando hablamos de proyectos de desarrollo urbano y territorial no solo nos referimos a la ejecución de obras o al comportamiento del mercado inmobiliario. También hacemos referencia a su planeación en distintas escalas, bajo diferentes análisis que nos provee el conocimiento y en distintos niveles de aplicación, conforme a los impactos que generará en la vida de las personas. Implica múltiples fenómenos demográficos, sociales, políticos y tecnológicos que deben ser considerados cuando proyectamos una intervención, aunque esta sea local y aparentemente “pequeña”.
En toda esta complejidad de niveles y escalas del desarrollo urbano y territorial, ¿cómo ir instrumentando la perspectiva de género para que esta no solo sea un concepto filosófico-político?
Lo primero es el acercamiento a “lo social” en todo proyecto con sus diferentes etapas: ya sea un conjunto habitacional, una propuesta legislativa, un megaproyecto de alcance regional, una intervención urbanística en un espacio público, la planeación de un modo de transporte o la definición de una política pública de vivienda y sus programas.
Para este acercamiento es necesario aprender a trabajar con equipos multidisciplinarios, algo novedoso ya que tradicionalmente el desarrollo urbano y territorial estaba bajo la custodia científica de disciplinas como la arquitectura y las ingenierías.
Las y los científicos sociales nos hemos involucrado más en los últimos 20 años en las definiciones de los problemas públicos que pueden derivarse del desarrollo urbano potenciado por agentes privados, principalmente por los escenarios próximos en los que el cambio climático, el acceso al agua y las migraciones cambiarán de manera drástica el perfil de las ciudades.
Dentro de un análisis social del desarrollo urbano, la perspectiva de género es un instrumento útil para mejorar la vida de las personas y promover un cambio orientado a combatir la desigualdad de género y el empobrecimiento económico de las mujeres en las ciudades. ¿Por dónde empezar? Por lo elemental, que es dar los siguientes pasos, a veces al mismo tiempo, en otras, uno por uno, dependiendo del alcance de cada proyecto:
- Hay que conocer los instrumentos jurídicos que establecen la obligación del Estado de institucionalizar la perspectiva de género y también los que señalan las obligaciones de los actores privados que desarrollan megaproyectos o actividades empresariales de tener una perspectiva de derechos humanos. Si usted no tiene un equipo que conozca estos instrumentos, es necesario formarlo.
- En el diseño de la política, programa o intervención hay que contar con datos e información que contemplen las brechas de género, las desigualdades, las necesidades e intereses de las mujeres y sus diferencias con respecto a los hombres las cuales incluyen sus posiciones de poder político. El diseño pensando en la universalidad del hombre ya quedó muy atrás en la historia del Derecho a la Ciudad.
- Tener un marco teórico que nos muestre el camino de una buena intervención que concilie intereses de los actores involucrados en el desarrollo urbano implica usar categorías como “trabajo formal”, “trabajo no remunerado”, “feminización de la pobreza”, “violencia de género”, “ciclo de vida de las mujeres”. Como todo marco teórico, hay que confrontarlo con lo que viven cotidianamente las personas, lo que implica salir a la calle, a la obra, al terreno con la idea de que todo fenómeno que observemos afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres, más ahora, en el contexto de una pandemia mundial.
Otros aspectos a considerar de manera específica son las variables que influyen en la incorporación de las mujeres al mercado laboral, los impactos en los servicios de cuidado y de las “ayudas sociales” que proporciona el Estado. También importa conocer los gastos realizados por hombres y mujeres para la supervivencia y manutención, en los cuales encontraremos cuánto pueden invertir hombres y mujeres en adquirir una vivienda, en moverse en la megalópolis, en rentar casa o locales para negocios, en alimentarse, en cuidar su salud, en tener y acreditar una propiedad. En suma, en acceder a los derechos establecidos en la Constitución.
Otros criterios para incluir la perspectiva de género es la representación paritaria de las mujeres en todo lo que implique tomar decisiones por y para la ciudad. Desde la formulación de un proyecto, hasta el cambio en un marco legislativo (que para eso se establecen las medidas de paridad en los congresos y en los parlamentos abiertos).
Finalmente, algo que se olvida de la representación paritaria de las mujeres es la discriminación de la población de pueblos originarios, con uso de una lengua distinta al castellano, o bien, a las mujeres con alguna discapacidad. Un buen planteamiento sobre el desarrollo urbano abre las opciones para esta población que casi siempre queda subordinada a las decisiones que toman personas que no conocen sus experiencias de vida. Sin esta inclusión no hay sustentabilidad.
Texto y fotografía: Carmen Contreras
*Directora de Perspectivas de IG y Consultora en Desarrollo Urbano con Perspectiva de Género
