Por Edna Vega Rangel*
En la actualidad, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, el 60 % de la población del mundo habita en entornos urbanos, según el INEGI en México esta cifra asciende al 87%. La concentración de la población en las ciudades sigue en aumento gracias a las ventajas que dichos espacios ofrecen a través de la aglomeración de actividades económicas, culturales y sociales. La focalización de actividades y relaciones de diversas índoles ha facilitado a la población que reside en ellas el cumplimiento de sus necesidades; no obstante, la velocidad con la que se han incrementado los asentamientos urbanos de manera desordenada y sin planeación, así como la falta de normatividad local y la capacidad limitada de las propias autoridades, trae consigo grandes retos en materia de gestión integral de riesgos y cambio climático, tales como:
- Asentamientos humanos en zonas no aptas o inadecuadas para el desarrollo urbano.
- Comunidades afectadas por fenómenos perturbadores.
- Inmuebles, principalmente vivienda autoconstruida sin criterios técnicos que garanticen la habitabilidad y seguridad estructural.
- Sobreexplotación en los ecosistemas y contribución al fenómeno del cambio climático.
- Creciente emisión de fuentes contaminantes.
- Asentamientos humanos sin servicios básicos.
- Mayor vulnerabilidad de los asentamientos ante un fenómeno perturbador.
- Incapacidad de las autoridades locales para la implementación de medidas de prevención y respuesta.
Al ser cada vez más frecuentes estos problemas, la ONU ha recomendado a los gobiernos mediante la “Nueva Agenda Urbana”, el trabajo que habrán de realizar para adaptar las ciudades considerando la resiliencia urbana. La resiliencia se define como: “la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuesta a amenazas, para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de los efectos de una amenaza de manera oportuna y eficiente, incluso mediante la preservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas esenciales”[1]. Con base en lo anterior, la “Nueva Agenda Urbana” considera una ciudad resiliente como aquella que evalúa, planea y actúa para preparar y responder a todo tipo de obstáculos, ya sean repentinos o lentos de origen, esperados o inesperados.
Para cumplir el propósito de resiliencia urbana, es necesario que los gobiernos ejecuten estrategias y políticas públicas para transformar a las ciudades. Estas políticas deben de abarcar la gestión de riesgos de desastres en todas sus dimensiones: prepararse para reconstruir mejor, adaptarse a las condiciones cambiantes climáticas, mejorar el entorno construido, promover sistemas de alerta e información que sean accesibles para todo público, contar con resiliencia de infraestructura sanitaria, de patrimonio cultural y de los lugares de trabajo; así como fortalecer las capacidades de respuesta de las instituciones públicas, fortalecimiento de la gobernanza, movilización de inversiones que tengan en cuenta los riesgos a fin de impedir la aparición de nuevos riesgos, rendición de cuentas y cooperación internacional[2]. Teniendo en consideración que el diseño y ejecución del sistema debe desarrollarse para mitigar y prevenir posibles escenarios catastróficos, como lo serían los ocasionados por desastres naturales.
Para ello el gobierno de México a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) ha contribuido en la realización de proyectos que contienen medidas preventivas y correctivas. Primero, mediante la conducción de la política nacional, se ha considerado la gestión integral de riesgos como un elemento transversal presente en la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y el Programa Nacional de Vivienda, y después, a través de la materialización de acciones concretas en el territorio con dicho enfoque a partir de la operación de los programas sociales. Siempre mediante un enfoque integral, reconociendo la importancia de la coordinación interinstitucional entre el propio gobierno federal y los diferentes órdenes de gobierno.
Algunas de las tantas acciones que se han realizado con un enfoque preventivo y correctivo son las siguientes:
- Programa Nacional de Reconstrucción (PNR)
Mediante la coordinación de la SEDATU con las Secretarías de Educación, Cultura y Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión Nacional de Vivienda, se ha reconstruido los inmuebles afectados por los sismos de 2017 y 2018 desde cuatro sectores: vivienda, salud, cultura y educación, de 2019 a 2023 se ha realizado poco más de 71 mil acciones con un presupuesto de 36 mil millones de pesos, esto en 10 entidades de la República.
Gracias a la integralidad del PNR se ha logrado la transformación y recuperación de comunidades enteras devastadas por los sismos. La forma en la que se ha llevado a cabo la reconstrucción, ha generado diversos impactos positivos en las personas y comunidades, por ejemplo, se han fortalecido las capacidades de las familias, se ha contribuido a la reactivación económica mediante la contratación de mano de obra local y uso de materiales de la región, se ha implementado el acompañamiento técnico permanente que garantiza la seguridad estructural y habitabilidad de los inmuebles, además de contribuir a estrechar los lazos al interior de las comunidades.
- Programas de Atención Integral
Otro de los ejemplos de atención preventiva y correctiva con un enfoque de atención integral de las afectaciones generadas por fenómenos perturbadores, ha sido la atención de afectaciones derivados de fenómenos meteorológicos en Chiapas, Tabasco y Baja California, afectaciones por sismos en Guerrero, Colima y Michoacán, relocalizaciones de familias por daños por deslizamiento de laderas en Baja California y Oaxaca, atención a comunidades afectadas por el cambio climático en Tabasco y Sonora, entre otros. De la atención de dichos fenómenos resalta la suma de esfuerzos y recursos entre dependencias y órdenes de gobierno.
- Desarrollo de Instrumentos de Planeación
Además de la intervención física, abordando la situación desde un enfoque preventivo, la SEDATU ha contribuido a fortalecer las capacidades de las autoridades locales hacia un mejor ordenamiento del territorio, mediante apoyos para la elaboración de programas municipales de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, donde la gestión integral de riesgos de desastres es un elemento de suma relevancia para la definición de zonas aptas y no aptas para el desarrollo urbano.
Adicionalmente a lo expuesto, la SEDATU ha contribuido con el Programa de Mejoramiento Urbano mediante acciones de infraestructura y equipamiento que contribuyen a la mitigación y adaptación de los asentamientos humanos. Con el desarrollo de la Norma Oficial Mexicana en materia de gestión integral de riesgos, bajo un enfoque socioecosistémico, busca adaptar los instrumentos de planeación territorial a las realidades ambientales, sociales, culturales, políticas y económicas.
Finalmente, en un país como México donde se estima que el 68%[3] de la población ha sido afectada por desastres naturales, es indispensable adoptar un enfoque holístico y de amenazas múltiples para desarrollar la resiliencia en las ciudades. Continuar con los programas que atiendan de manera integral a las comunidades afectadas, fortalecer acciones preventivas, fortalecer capacidades de autoridades locales, serán determinantes para el futuro inmediato. Reducir la vulnerabilidad y la exposición a los riesgos relacionados con el clima es un proceso continuo que requiere de constancia y consistencia de los tomadores de decisiones para garantizar una mejor vida para todas las personas.
[1] La Nueva Agenda Urbana, pág 33
[2] Marco de Sendai
[3] Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2013-2018.
*Edna Vega Rangel, subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Sedatu
Twitter: @EdnaElenaVegaR1
