El triple combo y la cajita “feliz” de la consulta vecinal

Por Carmen Contreras*

El 27 de diciembre del 2019, en un contexto de deliberación sana y positiva acerca de cómo fueron autorizados algunos proyectos de desarrollo inmobiliario como la Torre Mítikah y los conflictos vecinales asociados a su construcción. El Gobierno de la Ciudad de México publicó en su gaceta el “Aviso por el que se da a conocer el Proceso de Consulta Vecinal para Grandes Construcciones”.

Este aviso, que en la Pirámide de Kelsen está en los escalones inferiores de la jure, tiene un “combo triple” cuya “cajita feliz” contiene:

Lo establecido por la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México que señala la obligación de “someter a consulta pública los proyectos que impacten el ambiente”.
La facultad de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina de poner a disposición del público (usted, yo y cualquier persona interesada), la información sobre la aplicación de Estudios de Impacto Ambiental y de riesgo, avisos de ejecución de obras o cualquier acción relacionada con el proyecto de construcción en sus distintas fases, como son diseño, ejecución, evaluaciones técnicas, consultas vecinales. O sea, documentos y más documentos que deberían estar en plataformas de acceso abierto del gobierno capitalino y que no deberían pedirse vía sistema de información pública.
El tercer elemento de este combo-paquete es la Evaluación del Impacto Social. En estricto sentido técnico, este es un instrumento para conocer cómo las personas serán afectadas por las obras y los desarrollos inmobiliarios. Es decir, el impacto de las modificaciones al entorno, en un hábitat y en un espacio de dimensión social cuyo perímetro no está definido, lo que significa que dicha evaluación puede ser en una cuadra con 20 personas, en un barrio, en una alcaldía o en toda la CDMX, dependiendo del criterio del especialista que haga la evaluación y de la inversión monetaria que el desarrollador quiera hacer, ya que el Aviso del Gobierno de la Ciudad de México no plantea una metodología de definición territorial del alcance de los impactos sociales, aunque sí define que una obra “grande” es de 10 mil metros cuadrados de superficie, 100 mil metros cuadrados de construcción total, destinada a centros comerciales y espectáculos o similares (en similares pueden caber cosas como cines o estadios de fútbol). Esta Evaluación de Impacto Social, a diferencia de las que se hacen de manera obligada en los megaproyectos a nivel federal, tiene que aplicarse a través de una guía que la Secretaría del Medio Ambiente local proporciona en el Anexo 2 del mentado Aviso y que no cumple con los indicadores mínimos de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar lo que los actores privados hacen. Al respecto, ver el siguiente enlace:

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf

El combo triple del Aviso tiene una buena intención que es ponerle límite a la opacidad y exclusión con la que se toman decisiones sobre el desarrollo inmobiliario. Por otra parte recupera la idea del Derecho a la Ciudad en la cual es necesario cambiar las obsoletas normas del desarrollo urbano en la capital que promueven la concentración de la plusvalía inmobiliaria, equipamientos e infraestructura de calidad en las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Coyoacán y, dentro de estas mismas alcaldías, en los llamados corredores financieros, por ejemplo, Paseo de la Reforma en la Cuauhtémoc. No hay que dejar de lado que esta concentración también implica centralidad del poder político el cual se va modificando.

La buena intención del Aviso que se desarrolló en las oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente recuperando algunas de nuestras ideas ciudadanas para un desarrollo urbano con democracia participativa, en su combo triple se diluye y hace que el laberinto burocrático de Kafka parezca un juego.

El “visto bueno vecinal” con la consulta y las medidas de mitigación o compensación por las modificaciones del entorno en la práctica se convierten en una espiral de desinformación que manipula las emociones de vecinos y vecinas, trámites adicionales que incentivan la corrupción en las oficinas de gobierno y más opacidad.

En este espacio he mencionado la escasa información pública sobre qué compensaciones habrá en el entorno vecinal del Conjunto Estadio Azteca que después motivó su aplazamiento. A ello adiciono los datos disponibles sobre los proyectos sometidos a consulta durante enero del 2020 a enero del 2021 a través de una solicitud de información pública. Vean cuántos son y en dónde están ubicados. Se vale preguntar entonces ¿Es de utilidad pública el triple combo? ¿Pueden sembrarse buenas intenciones en el terreno estéril de burocracias rígidas? ¿La justicia socio-espacial se logra desde la buena voluntad de pocos empresarios y vecinos?