POR WILLIAM GÓMEZ HUESO.
El crecimiento demográfico en Latinoamérica se concentra desde hace más de medio siglo en las grandes metrópolis, al ser estas grandes polos de atracción para quienes emigran buscando una mejor calidad de vida, sin embargo ese crecimiento desmedido y sin control ha generado la consolidación de asentamientos irregulares (contiguos a las grandes urbes) en los que hoy en día viven una tercera parte de los habitantes de nuestro continente, carentes incluso de los servicios públicos más elementales (agua, drenaje y electricidad).
Esto se debe en gran parte a la falta de políticas públicas adecuadas para garantizar el acceso de la clase trabajadora a una vivienda digna, decorosa y cercana a las fuentes de empleo, por lo que tales asentamientos irregulares representan un serio problema a las finanzas de los gobiernos que son incapaces de dotar con recursos propios de la infraestructura que dichas urbanizaciones demandan debido a su gran concentración poblacional. Esto considerando además que dotar de servicios públicos a un asentamiento irregular es entre tres y siete veces más costoso que hacerlo en una urbanización planeada y regulada, en ese sentido el reto en las ciudades es grande, por un lado evitar la proliferación de nuevos asentamientos irregulares y por otro dotar de servicios a los ya existentes.
El nuevo modelo nacional de desarrollo urbano impulsado por la SEDATU busca entre otras cosas, impulsar el diseño de ciudades compactas, controlando la expansión urbana y potencializando las zonas de la ciudad en donde puede aprovecharse la infraestructura existente para ofrecer alternativas de vivienda vertical en los corredores con usos mixtos (comercio, vivienda y servicios), disminuyendo los traslados en medios de transporte motorizados y ahorrando grandes cantidades en inversión para la generación de nueva infraestructura, en ese sentido, los instrumentos municipales de desarrollo urbano deben prever políticas que consoliden tales acciones y que materialicen las grandes inversiones inmobiliarias en beneficios para la infraestructura de nuestras ciudades.
Ante tal escenario el gran reto urbano corresponde a los municipios que deben lograr el equilibrio perfecto que permita un crecimiento ordenado, la oferta de vivienda accesible al interior de las ciudades y la prestación adecuada de los servicios públicos, para lo cual sus instrumentos recaudatorios deben ser eficientes y dinámicos, basados en los principios de subsidiariedad y solidaridad e incentivando que los desarrolladores de vivienda contribuyan en forma directa a la renovación de la infraestructura, ofreciéndoles beneficios fiscales e incentivos urbanos que detonen las inversiones privadas en beneficio de la ciudad y sus habitantes.
En pocas palabras, la plusvalía del suelo urbano debe aprovecharse para mejorar la prestación de los servicios públicos, aumentar la oferta de bienes y servicios, impulsar ciudades compactas y reordenar el territorio, logrando con ello que nuestras urbes cumplan su función social y que los gobiernos puedan destinar mayores recursos a atender el rezago que se ha generado en los asentamientos irregulares.
WILLIAM GÓMEZ HUESO es Abogado especializado en Derecho Urbano y Maestro en Administración Pública, se ha desempeñado en diversos cargos dentro del sector público entre los cuales destacan: Director General Jurídico, Director Jurídico de Obras Públicas y Director Jurídico de Desarrollo Social y Humano todos en el Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco, también ha sido encargado del despacho de la Dirección General de Obras Públicas y de la Dirección de Control del Ordenamiento Territorial en el mismo municipio. Actualmente es Socio Director de Consultoría y Estrategia Metropolitana S.C.
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