Por Jaume Molet Pérez.
75% de la población nacional vive en regiones volcánicas
Como sabemos, en lo que va del bimestre dos regiones han resultado afectadas por erupciones volcánicas, tal es el caso de la localidad de Leilani Estate en las faldas del volcán Kilauea en Hawái y por otro lado, la comunidad de El Rodeo, una aldea que se encuentra a pie del volcán de Fuego en Guatemala. Estas han visto el terror de una explosión en sus narices y a lo largo de la historia otras (en mayor o menor grado) han sufrido las consecuencias.
México no está exento de este peligro, al ser uno de los países con una amplia oferta volcánica, por así decirlo, pues contabiliza a lo largo del territorio nacional 12 formaciones que se encuentran activas y se estima que 75% de la población vive próxima a portentosos colosos naturales (SEGOB).
Lo anterior, me invita a cuestionar si el planteamiento de desarrollo urbano y rural va de la mano de cómo las instituciones o instrumentos evalúan a quienes pueden o no establecerse en los alrededores. También, qué documentos se solicitan antes de permitirles construir una vivienda en dicho perímetro, pues es bien sabido que lugareños de las zonas aledañas a dos de los volcanes más peligrosos de América Latina (Popocatépetl y Colima), por dar un ejemplo, tienden a edificar sus casas por la vía de la autoproducción. Aunado a esto, una de las preocupaciones adjuntas es el ordenamiento territorial y la reubicación de la población que vive en zonas de riesgo y en adición, la interrogante es qué tan informados o conscientes estamos sobre los peligros de vivir contiguos a un volcán.
Para todo lo antes cuestionado hay una respuesta y también hay organismos en cohesión para mejorar el ordenamiento territorial con esfuerzos encaminados a la prevención y control de riesgos, tal es el caso de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) la cual, en mayo del año pasado firmó junto con el Servicio Geológico Mexicano (SGM) un convenio de cooperación con el fin de cotejar y avalar las certificaciones pertinentes para que todas la acciones que se realicen estén dentro de los linderos de la ley.
En la presente reunión, Armando Saldaña Flores, Director General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la SEDATU, mencionó que el convenio “figura la entrega de los estudios de reubicación de poblaciones que pudieran resultar impactadas.” Esto, busca atender a una población objetivo del Programa de Prevención de Riesgos (PPR) de 617 gobiernos locales con un Índice de Riesgo Global en los niveles alto y muy alto, enunciado en las Reglas de Operación del Programa de Prevención de Riesgos, para el ejercicio fiscal 2018.
En el documento descrito, se enlistan seis instrumentos de prevención y mitigación de riesgos que se deben seguir para llevar a cabo un correcto programa de prevención de riesgos:
- Elaboración y/o actualización de Atlas de riesgos
- Elaboración de diagnósticos de resiliencia y plan de acción tendiente a elevar la capacidad de asimilación y recuperación ante peligros en asentamientos humanos.
- Estudios de viabilidad y costo-beneficio para la reubicación de la población en zonas de riesgo.
- Análisis de peligros, vulnerabilidad y riesgos derivados de un Atlas de riesgo, donde incluye mapas.
- Elaboración y/o actualización de reglamentos de construcción.
- Desarrollo de obras hidráulicas, geológicas y ecológicas con fines preventivos o de mitigación.
Por su parte, en Lamudi México creemos los ciudadanos también deben de involucrarse, al crear grupos de capacitación en materia de riesgos, donde impartan talleres para el diseño de rutas de evacuación y prevención a desastres y en esto no me refiero solamente a volcanes, sino a sismos, huracanes, incendios, etc.; organizar escuadrones de brigadistas voluntarios instruidos con primeros auxilios que tengan información fresca disponible ante cualquier emergencia. Pero lo más importante es que la sociedad civil y las instancias gubernamentales trabajen en conjunto para crear procedimientos, no sólo de emergencia, sino de urbanización de cara a empalmarlos con un plan de vivienda, industrial y comercial óptimo para todos los mexicanos que viven en zonas conurbadas o que tienden a ser impactados por catástrofes ambientales.
Jaume Molet Pérez es egresado de la Universidad Politécnica de Cataluña obteniendo el título de Ingeniero industrial. Por más de 10 años, Jaume ha sido consultor de estrategia y operaciones en grandes firmas de nivel internacional como AT Kearney, desarrollando estrategias de negocio para las firmas en Alemania, Reino Unido, Arabia Saudita y México, en el mercado Latinoamericano. Actualmente Jaume es Director General para Lamudi México.
