Por Francisco L-Roldan.
“Viajero, ve y di en Esparta, que aquí yacemos, obedientes a sus leyes”
Así reza el epitafio que el poeta griego Simónides de Ceos, dedicó a los 300 espartanos que, con su rey Leónidas al frente, murieron luchando contra los persas, en el desfiladero de las Termopilas, el año 480 A.C.
Y es que, a parte de su cosmovisión racional y humanista, si en algo se ha diferenciado desde sus orígenes la civilización occidental de las demás, es en eso. En el sometimiento de las personas, reyes incluidos, a las leyes. Leyes humanas se entiende, no las divinas, que eso ya es cosa de cada cual.
Esa es, sin duda, la principal característica de la democracia, el estado de derecho por antonomasia, definida también como “el imperio de la Ley”. Pero lo era a su vez de las tiranías y dictaduras, en las que tanto tiranos como dictadores, se sometían a las leyes, aunque fueran las que ellos mismos promulgaban o manipulaban, diferenciándose así – en las formas, al menos – de sátrapas y déspotas, que siempre han estado por encima, o al margen, de la Ley.
¿Y que tiene esto que ver con la arquitectura y el urbanismo… O con las instituciones públicas, se preguntará, Ud. con razón? ¿Alguna vez se ha preguntado, amable lector o lectora, quien defiende lo público? ¿Lo que es – o debería ser – de todos? ¿Lo común y compartido? ¿Aquello que se mantiene con nuestros impuestos, ya sea directamente, vía impuestos o indirectamente, mediante ayudas y subvenciones públicas, que proceden también de nuestros impuestos… Desde el espacio público: las calles, plazas, parques y jardines, hasta el transporte público: metro, bus, tranvía… pasando por los edificios y servicios públicos: equipamientos sanitarios, culturales, docentes, deportivos?
Por si no lo ha hecho y para que vea que sí que tiene algo que ver la introducción de este artículo con el asunto en cuestión, le doy la respuesta: Lo único que defiende lo público, es decir, el interés general y objetivo por encima de los intereses particulares y subjetivos, tanto de lobbies y empresas, como de personas concretas y particulares, es la LEY.
Las Leyes, cuando están bien hechas, es decir, cuando son justas, cosa que, desgraciadamente, no siempre, ocurre, están guiadas por el interés común y anteponen siempre el interés general y el beneficio social, a cualquier otro interés o beneficio de parte.
Y da la casualidad de que las encargadas de hacer cumplir las leyes, son las instituciones – públicas, también – que son en las que los ciudadanos hemos depositado el poder. Poder no solo de representarnos, ni de promulgar leyes y reglamentos, o de recaudar impuestos, sino también el poder coercitivo, el del uso de la fuerza, que se manifiesta desde la simple multa o sanción administrativa, hasta las penas de cárcel, pues el estado en las sociedades libres y democráticas, es el único legitimado para todo ello, siempre y cuando lo haga en cumplimiento de lo que las leyes de ese mismo estado dicten y no actúe de forma arbitraria, en cuyo caso perdería la legitimidad que le asiste.
Es por tanto a nuestras instituciones públicas, a las que debemos exigir que defiendan – o recuperen – y amparen lo que es de todos, el bien común, lo que nos une y cohesiona como sociedad. Son los políticos y los funcionarios de esas instituciones insisto, públicas, los que deben ponerse las pilas y velar por el buen funcionamiento y la seguridad de los espacios y el transporte público, así como de los edificios, equipamientos y dotaciones públicas también, que dan servicio, a todos los ciudadanos por igual, independientemente de las condiciones particulares de cada uno.
Es a las administraciones públicas (estado y ayuntamiento concretamente) a quienes corresponde marcar las directrices, controlar y regular el desarrollo urbano, mantener limpios, libres y seguros los espacios públicos, velar por el buen funcionamiento de los servicios, instalaciones y equipamientos urbanos, promover el saneamiento y regeneración de las áreas degradadas, así como favorecer la llegada de talento e inversiones, la colaboración y participación ciudadana y la prosperidad de los municipios o estados que gobiernan.
Por supuesto, en muchos de esos casos, podrán apoyarse en empresas y consorcios mixtos, publico-privados, capaces de gestionar con solvencia, rigor y profesionalidad tareas específicas y complejas como el transporte, la recogida selectiva de residuos y otros servicios urbanos, pero sin perder nunca el control último de dichas empresas o consorcios, ni el objetivo de las mismas, que será siempre el de proporcionar a los ciudadanos el mejor servicio, al menor coste posible y no el de enriquecer a nadie.
Cuando las instituciones públicas no funcionan, o funcionan mal, porque son débiles o se encuentran minadas por la corrupción y el nepotismo, tienden a delegar, o descargar esa obligación de defender lo público, en manos de particulares. De ese modo, consiguen evitarse los costes de mantenimiento y los problemas propios de su gestión, sin que ese bien o servicio público que tan alegre como irresponsablemente han delegado de funcionar. Pero el precio que la sociedad pagar por ello, es terrible: nada menos que su privatización.
La privatización de lo público, supone poner el interés o el beneficio particular, por encima del general. Es algo que vemos – y padecemos – aunque no seamos conscientes de ello, cada vez que transitamos por una calle llena de barreras y obstáculos, cuyas banquetas (mantenidas por los vecinos) se han fragmentado en una diabólica yincana en la que cada cual ha hecho con su frente de fachada lo que ha querido. O cada vez que nos subimos a un autobús, para que nos transporte como si fuéramos ganado… (seguramente de ahí viene el acertado nombre de “camión” que le dan los mexicanos)… cada uno de una compañía distinta, viejos, sucios, inaccesibles, pertenecientes a concesiones en la que el operador impone sus rutas y condiciones, con arreglo a sus propios intereses y los de los sindicatos, no los de los usuarios.
Lo vemos también en el caótico desarrollo urbano de los suburbios y periferias, en el que, por el vacío que deja la falta de planeación, se cuela la codicia de los promotores, que se impone siempre al interés general de la sociedad… En las calles cerradas y los muros que segregan colonias y delimitan fraccionamientos, impidiendo la libre circulación de las personas y obligan a absurdos rodeos y pérdidas de tiempo, para llegar a donde queremos ir, en el deterioro y destrucción del patrimonio histórico edificado… y en tantas otras cosas.
Cuando el interés común sucumbe ante una constelación de intereses particulares, ya sean estos los del vecino que limpia y mantiene la banqueta, el vendedor ambulante que la convierte en su negocio particular, los del conductor que la obstruye con su vehiculo impidiendo el paso, o que ocupa la plaza reservada para una persona con discapacidad, los intereses de un promotor o fraccionador inmobiliario, un sindicato concreto, o cualquier otro grupo de presión, el que sea, lo que se está imponiendo es la ley de la jungla.
La voluntad del más fuerte, sobre el derecho del más débil. Y eso es posible – sólo es posible – porque las instituciones encargadas de defender el interés general, el bien común, nos han fallando.
No voy a entrar en las razones por las que las instituciones fallan y lo permiten. Me da igual si es por ignorancia, incompetencia, debilidad, corrupción, nepotismo o una mezcla de todo ello. El caso es que no funcionan como deben. Están fallando a su sociedad y sus responsables, tanto políticos como técnicos, deberían dar la cara y responder por ello.
Unas instituciones públicas de calidad, sanas y eficientes, son vitales para el correcto funcionamiento de sociedades organizadas y complejas como las nuestras. No son un adorno, ni un capricho, ni deben convertirse en el refugio de vividores, populistas, demagogos e incompetentes, que medran y prosperan, cual parásitos, a su sombra.
Las instituciones públicas deberían guiarse en todos los casos, por los criterios que ya Max Weber, a principios del siglo XX, definía en su obra “Economía y sociedad” como característicos de las burocráticas: Estructuras jerarquizadas con una cadena de mando clara, con competencias y responsabilidades bien definidas, conocidas y asumidas, en las que las decisiones se toman según normas y procedimientos reglados, de manera que casos semejantes, se tratan igual, con criterios estrictamente racionales e impersonales y en las que no hay por tanto, lugar para la subjetividad o la arbitrariedad. Las instituciones y administraciones públicas son, o deben ser a su vez, organizaciones, en las que el acceso, se realiza mediante normas y procedimientos reglados, por oposición, es decir, por concurso de méritos y capacidades, destinado a garantizar el ingreso en la función pública de los mejores.
Las administraciones públicas, de acuerdo con el criterio del famoso sociólogo alemán, deberían ser, por tanto, meritocrácias en las que, las personas mejor formadas y más capaces de nuestra sociedad, organizan y administran lo público, lo que es de todos, guiadas tan solo por criterios tales como la justicia, eficacia, economía, transparencia y racionalidad. Los funcionarios, como técnicos y especialistas que son en las distintas materias, deberían apoyar y asesorar a sus jefes políticos, que deberían a su vez, asumir con humildad el mayor conocimiento específico de estos, sin pretender imponer, como suelen, sus particulares y siempre subjetivos puntos de vista. Y los políticos a su vez, al igual que lo hacen los directores y administradores de las empresas privadas, deben rendir cuentas periódicamente ante sus accionistas (los ciudadanos) como hacen cada vez que hay elecciones, bien entendido que la gestión de lo público no se debe medir con los mismos criterios de rentabilidad económica, que guía a las empresas privadas, sino con criterios de rentabilidad social, siendo esta la única diferencia entre ambas. A una administración pública no se le pide que gane dinero, sino que de un buen servicio al menor coste posible, que para eso paga el contribuyente. Y esto es algo que también se puede medir en el grado de satisfacción, o en el incremento de usuarios que utiliza un determinado servicio o transporte público, por ejemplo.
Si las administraciones públicas no recuperan el control sobre lo que les es propio: desde la planeación urbana, hasta el mantenimiento de las banquetas, o la gestión del transporte urbano, seguirán fallando a la sociedad de la que viven y a la que se deben. Seguirán siendo las responsables últimas – por dejación – de su mal funcionamiento, de su descoordinación y hasta de la desafección y segregación social, pues incluso procesos tan complejos como los de gentrificación, podrían evitarse o al menos corregirse, mediante instrumentos de planeación urbana, como leyes y reglamentos que obliguen a contemplar los realojos de residentes en las operaciones urbanísticas de reforma interior, o a la reserva de un determinado porcentaje de vivienda protegida (además de los equipamientos y servicios necesarios), en todas las promociones de nueva planta… pero de eso, hablaremos otro día.
Francisco L-Roldan. Soy Francisco, o Patxi, como prefieras. Arquitecto. Licenciado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del País Vasco (U.P.V.) También soy técnico superior en prevención de riesgos laborales y autor de diversos proyectos. La civilización reside en la civitas (ciudad). Cuando la ciudad, cuya esencia es el espacio publico, se degrada, solo queda la barbarie.
Twitter: @FrancoLRoldan
