Por Louise David.
El reto de la regeneración urbana se ha planteado a todos los países que han tenido que construir rápidamente viviendas para enfrentar tasas de crecimiento demográfico inéditas en sus ciudades. Rápidamente, tienen que resolver una problemática de deterioro físico, social, económico e institucional en estos nuevos conjuntos habitacionales. Regenerarlos se vuelve entonces la nueva emergencia e implica una política pública compleja que logre articular a los sectores social, académico, gubernamental y privado de las ciudades para que, juntos, implementen acciones multi-dimensionales en territorios identificados como prioritarios.
En Francia por ejemplo, después de la segunda guerra mundial, el gobierno nacional tuvo que construir rápidamente una cantidad nunca vista de viviendas para recibir a los trabajadores inmigrantes que iban a reconstruir el país. En América Latina, Chile desarrolló a partir de los años 80 un sistema de producción masiva de vivienda social para luchar contra la explosión de la vivienda informal en sus ciudades. Así, se construyeron en este país más de 2 millones de vivienda social en menos de 15 años (Paquette, 2013). Junto con México, son los dos países de América Latina que construyeron más vivienda social.
Pero, después de estas respuestas a la emergencia, estos países tuvieron que enfrentar rápidamente un nuevo problema: el deterioro de estos conjuntos habitacionales. Este deterioro tiene varias dimensiones: se trata de un deterioro físico primero, con la falta de mantenimiento de los espacios públicos, la degradación de la imagen urbana y a veces el abandono de viviendas; un deterioro social también, con la agudización de problemas de violencia y mala convivencia entre los habitantes; adicionalmente, el deterioro es a menudo económico, por el difícil desarrollo de actividades generadores de valor en estas zonas y la difícil creación de fuentes de empleo cercanas a estas viviendas; y luego, un deterioro institucional por la inadecuada presencia de autoridades públicas responsables de los servicios de seguridad, educación, salud, basura, etc.
Frente a esta situación, Francia reconoció el problema del deterioro urbano desde los años 1970 pero fue solamente a partir de los años 2000 que se implementaron políticas públicas de mayor alcance, especialmente con la Ley “Solidaridad y Renovación Urbana” de 2000. En 2003, fue creada la Agencia Nacional de Regeneración Urbana (ANRU). Para regenerar conjuntos habitacionales deteriorados, la estrategia de esta institución consiste en acordar e implementar acuerdos pluri-anuales con las autoridades locales y la iniciativa privada a fin de concentrar múltiples inversiones en las zonas identificadas como “sensibles”.
Así, con un presupuesto de $5 mil millones de euros en 2015, su objetivo es multiplicar por 4 o 5 las inversiones totales en las zonas en las cuales interviene, invitando a otros actores a colaborar. Hoy, la Agencia concentra sus acciones en 215 sitios prioritarios y en 342 sitios adicionales. Las intervenciones son de diferentes naturalezas: demolición, reordenamiento territorial, mejora de los espacios públicos y de los equipamientos escolares o culturales, acciones sociales, etc. En 2015, la Agencia Nacional del desarrollo económico también empezó a dirigir acciones específicas a estas zonas a fin de desarrollar incubadoras de emprendedores para generar más empleos.
En Chile, fue a partir de los años 2000 que las críticas al modelo de producción masiva de vivienda social alcanzaron obtener una particular audiencia. El problema de los “con techo” logró entrar en la agenda política chilena, especialmente durante la campaña electoral presidencial de 2005 (Rodríguez & Sugranyes, 2005). Cuando Michelle Bachelet entró a la presidencia en 2006, su gobierno desarrolló tres importantes programas para implementar acciones integrales de mejoramiento de la vivienda social y de su entorno urbano: el Programa “Quiero mi Barrio” iniciado en 2006, el Plan Piloto de Condominios Sociales de 2008-2009, y el Programa de reconstrucción para atender las viviendas afectadas por el terremoto de 2010.
La experiencia chilena es interesante especialmente por la metodología de diseño de política pública que se implementó: primero se hizo un censo y un diagnóstico de los conjuntos habitacionales deteriorados a fin de categorizar las diversas problemáticas de deterioro y priorizar las zonas más vulnerables; luego, se implementaron varios programas pilotos para sacar aprendizaje de su implementación y contribuir a la definición de programas nacionales regulares. Así, desde 2010, Chile cuenta con varios programas nacionales de Recuperación de Barrio y de mejoramiento de Condominios Sociales que combinan acciones de mejoramiento físico de los conjuntos y desarrollo comunitario de los vecinos.
En México, diferentes iniciativas valiosas de regeneración urbana están siendo implementadas hoy. El Infonavit implementa acciones de mejoramiento habitacional con el actual programa “Mejorando la Unidad”, gobiernos locales como el de la Ciudad de México desarrollan programas como el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial. El gobierno federal también desarrolla programas como el de “Rescate de los Espacios Públicos” que contribuye a mejorar ciertos conjuntos deteriorados en el país.
Cabe también rescatar las intervenciones integrales que se implementaron en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito que, si bien su objetivo final no era el de regenerar las colonias deterioradas sino reducir la violencia, la regeneración urbana física, social e institucional fue la estrategia para llegar a este objetivo. Este programa se fundamentaba en las teorías internacionales conocidas como Crime Prevention Trough Environmental Design que plantean que para reducir la violencia, es preciso mejorar el entorno urbano y la convivencia social en las colonias vulnerables. En su implementación en diferentes partes de México, fue particularmente difícil resolver el reto de articular los diferentes actores necesarios e implementar estrategias a largo plazo.
Estas diferentes acciones contribuyen a la regeneración urbana, sin embargo, todavía falta un diagnóstico nacional público que permita identificar y priorizar las intervenciones en términos territoriales. Como Chile y Francia lo hicieron, es necesario identificar los conjuntos habitacionales más deteriorados para concentrar en ellos las acciones de los diferentes niveles de gobierno así como los de la iniciativa privada y de la sociedad civil.
Los retos del deterioro urbano son multidimensionales y de una profundidad tal que necesitan la movilización de todos los actores urbanos enfocados a territorios priorizados. Por otra parte, falta hoy implementar proyectos pilotos de regeneración urbana que busquen articular los sectores social, académico, gubernamental y privado para poder sacar las lecciones necesarias a la definición de una programa nacional integral y de largo plazo.
Bibliografia:
Paquette, 2013, Vivienda Social y Desarrollo Urbano. Aportaciones de la Cooperación Francesa sobre la Producción masiva de Vivienda Social en México, México, Ed.: Ambassade de France au Mexique, IRD.
Rodríguez, Alfredo; Sugranyes, Ana (eds), 2005, Los con techo. Un desafío para la política de vivienda social, Santiago de Chile : Ediciones SUR.
Louise David. Doctora en Urbanismo de la Université Paris Est, Louise David es coordinadora general de la Alianza para la Regeneración Urbana (ARU) cuya misión es vincular los sectores académico, social, privado y gubernamental para diseñar e implementar soluciones colaborativas para regenerar colonias deterioradas y abandonadas en todo México. Louise es también profesora de sociología urbana en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México desde 2013. Como consultora, realizó investigaciones y estudios para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el INFONAVIT, el IMCO, la AFD, el IRD, etc. Sus principales temas de especialidad son las estrategias de instrumentación, participación y financiamiento de proyectos de regeneración urbana.
Twitter: @aruorg
