La estrategia contra el despojo contempla investigación, aseguramiento y restitución de propiedades, además de asesoría jurídica para proteger el patrimonio
La Ciudad de México reforzó su estrategia contra el despojo y, en los primeros 12 días de operación, logró la restitución de ocho inmuebles a sus legítimos propietarios. La estrategia también contempla la investigación de los casos denunciados, el aseguramiento de propiedades y acciones para agilizar la atención de posibles delitos relacionados con el patrimonio inmobiliario.
En conferencia de prensa, Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que las autoridades capitalinas recibieron 89 denuncias relacionadas con posibles casos de despojo. Tras analizar cada expediente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) identificó 14 casos que podrían configurar este delito, mientras que 46 permanecen en revisión y 29 corresponden a hechos que requieren atención por otras vías jurídicas.
Brugada explicó que la estrategia busca establecer una respuesta coordinada entre las instituciones para que, una vez que existan elementos suficientes, las autoridades puedan actuar con mayor rapidez y avanzar hacia la restitución de los inmuebles.
“Estos ocho aseguramientos que informa la Fiscalía General de Justicia en casos de despojo se hicieron en un tiempo mínimo, en dos o tres días. En el momento en que se tuvo claridad de que eran, efectivamente, despojos hubo aseguramiento y tenemos una cantidad de resultados importantes”, afirmó.
Estrategia agiliza atención de casos
De acuerdo con la FGJCDMX, de los 14 posibles casos de despojo identificados, dos ocurrieron con violencia y 12 sin violencia. Estos expedientes derivaron en cinco detenciones y dos judicializaciones, además del aseguramiento de ocho inmuebles, una medida de protección y tres acuerdos.
La Fiscalía señaló que, cuando existe evidencia suficiente para acreditar el posible delito, los aseguramientos se han realizado en un promedio de dos días. Además, las autoridades revisan casos anteriores para identificar posibles despojos en los que todavía sea necesario intervenir.
En este sentido, la estrategia no se limita a los casos recientes. El objetivo también consiste en retomar denuncias previas, analizar sus características y determinar las acciones que correspondan en cada expediente.
Entre los casos atendidos se encuentran inmuebles ubicados en las colonias Del Valle, Santa María La Ribera y San Pedro de los Pinos. En estos últimos dos casos, las autoridades recuperaron y restituyeron las propiedades a sus legítimos propietarios.
“Se responde ágilmente y se empieza a atender todo lo que había permanecido como pendiente; empieza a tener más agilidad para su atención. Se trata de casos en los que la actuación del Gobierno permitió, en estos días, recuperar inmuebles. La Fiscalía actuó, recuperó, restituyó a sus legítimos propietarios”, afirmó Brugada.
Además de las acciones de la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, durante los 12 días posteriores a la presentación de la estrategia, realizó 27 remisiones y detuvo a 90 personas relacionadas con reportes de allanamiento, ingreso por la fuerza o ingreso aparentemente irregular a inmuebles.
De ese total, 44 detenciones ocurrieron durante los primeros 12 días de la estrategia, prácticamente el mismo número acumulado entre enero y los primeros días de agosto. La SSC mantiene, además, un tiempo promedio de respuesta de tres minutos ante reportes ciudadanos relacionados con posibles casos de despojo, allanamiento o ingreso irregular.
Las intervenciones de la dependencia se han registrado en alcaldías como Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc e Iztapalapa, principalmente ante situaciones de ingreso no autorizado a predios mediante violencia, ruptura de cerraduras o cambio de chapas.
La dependencia precisó que estas acciones ocurren en flagrancia, mientras que corresponde a la Fiscalía determinar, mediante la investigación correspondiente, si los hechos constituyen el delito de despojo u otra conducta delictiva.
Asesoría jurídica para fortalecer protección patrimonial
Como parte de la estrategia, el GCDMX también incorporará mecanismos de atención y asesoría jurídica para facilitar el acompañamiento de las personas que enfrenten situaciones relacionadas con sus propiedades.
A partir del 24 de agosto, la Defensoría Social ‘Ponciano Arriaga’ iniciará operaciones en el Zócalo capitalino con 100 profesionales del derecho distribuidos en cinco equipos. La intención es evaluar cada caso y canalizarlo hacia las instituciones correspondientes.
Eréndira Cruzvillegas Fuentes, consejera Jurídica y de Servicios Legales, explicó que este modelo de proximidad ofrecerá asesoría jurídica gratuita a grupos prioritarios y funcionará mediante una jornada semanal en la Plaza de la Constitución.
Para atender los casos, la Defensoría coordinará acciones con dependencias del Gobierno capitalino y autoridades federales, así como con la FGJCDMX, el Poder Judicial local y federal, tribunales, el Registro Público de la Propiedad, el Registro Agrario Nacional, IMSS e ISSSTE, entre otras instituciones.
Con ello, la estrategia busca que la atención no se concentre únicamente en la recuperación de inmuebles, sino que también permita orientar a las personas sobre las vías jurídicas disponibles para resolver situaciones relacionadas con la propiedad.
Brugada señaló que las autoridades también trabajan en una estrategia de regularización y beneficios fiscales, enfocada inicialmente en unidades habitacionales vinculadas con créditos otorgados por organismos de los gobiernos local y federal.
El objetivo es atender situaciones de irregularidad patrimonial, como intestados o cambios de propietario que pueden quedar pendientes debido a los costos de los trámites. La mandataria indicó que el Gobierno capitalino trabaja con otras instituciones, incluido el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, para definir los mecanismos que permitan avanzar en esta estrategia.
De esta manera, la Estrategia Integral contra el Despojo articula acciones de denuncia, investigación, aseguramiento y restitución con mecanismos de asesoría jurídica y regularización. El propósito es fortalecer la protección del patrimonio y agilizar la respuesta institucional ante posibles afectaciones a la propiedad inmobiliaria.
