La estrategia contra despojos contempla reformas a la Ley del Registro Público de la Propiedad, al Código Penal de la CDMX, la creación de una unidad especializada, entre otras acciones
Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno, presentó la Estrategia Contra el Despojo de Inmuebles en la Ciudad de México, que incluye reformas legales, fortalecimiento institucional y penas de hasta 22 años de prisión a quienes incurran en este delito.
La funcionaria señaló que este delito es un tema multifactorial y estructural, por lo que es necesario establecer los mecanismos necesarios para atender todas sus aristas.
“Vamos a hacer frente a este delito de manera coordinada y con un equipo especial de funcionarios que revisarán caso por caso y actuarán de forma inmediata. Como sabemos, el delito de despojo es un fenómeno multifactorial y estructural que combina vacíos legales, corrupción, debilidad institucional y muchas veces redes criminales que operan con total impunidad”, indicó.
Durante la presentación, César Cravioto Romero, secretario de Gobierno, precisó que los tres tipos de despojo más frecuentes en la CDMX son: actos simulados con documentos falsos; actuación violenta con amenazas o uso de la fuerza; y usufructo ilegítimo de un inmueble. Por ello, se requieren herramientas eficaces para atender y castigar estas prácticas.
¿Qué contempla la nueva estrategia contra el despojo?
Brugada Molina indicó que la nueva estrategia incluye las acciones del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, integrado por diversas dependencias capitalinas y que revisa los casos de la ciudadanía.
Las acciones del gabinete se reforzarán mediante la creación de la Unidad Operativa Especializada contra el Despojo, misma que dependerá de la Secretaría de Gobierno. Cravioto Romero explicó que los casos serán atendidos desde la recepción de información, la revisión e integración del expediente, y con base en ello se definirán las acciones necesarias para recuperar los inmuebles.
La Jefa de Gobierno informó que, en los próximos días, se enviará al Congreso de la Ciudad de México un conjunto de iniciativas de reformas, que incluyen aumentar las penas por despojo y sus agravantes, con sanciones que alcanzarán entre 11 y 22 años de prisión.
Bertha Alcalde Luján, fiscal General de Justicia de la CDMX, detalló que las reformas contemplan la incorporación de nuevas agravantes. Por ejemplo, cuando participen personas que simulen tener un cargo público; cuando se suplante la identidad del legítimo propietario o poseedor del inmueble o de su representación legal; cuando personas que, sin tener carácter de notario, accedan a documentos o datos notariales.
Bertha Alcalde indicó que también se propone agregar un artículo 238 Bis para equiparar ciertas conductas con el delito de despojo. Además de implementar penas a quienes operen este delito en zonas de conservación ecológica o con valor histórico o patrimonial. Se contempla que estas reformas servan para castigar a grupos delincuenciales dedicados a la ocupación ilegal de inmuebles.
También se consideran modificaciones a la Ley del Registro Público de la Propiedad y al artículo 41 de la Ley Registral para la Ciudad de México, para evitar fraudes con documentos apócrifos supuestamente emitidos por notarías de otras entidades federativas.
César Cravioto Romero indicó que los capitalinos solicitar ayuda en la nueva línea telefónica especializada en despojos: 55-5345-8120; así como acudir a las jornadas del Zócalo de Gobierno Ciudadano, Gobierno Casa por Casa, denunciar ante el Ministerio Público, llamar a Locatel o al 9-1-1.
Finalmente, Alcalde Luján informó que este año se han asegurado 265 inmuebles por delitos de despojo, de los cuales se han devuelto 196 a sus propietarios. Por su parte, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, informó que entre enero y julio de este año, la policía capitalina detuvo a 94 personas en flagrancia por el delito de despojo.
