Por Carmen Contreras.*
Los fenómenos urbanos son multicausales. Además de explicarlos, como lo hacen las personas dedicadas a la investigación académica, estos podrían constituir un problema público. No siempre lo son. Para ello se requiere que formen parte de agendas políticas y como tal, dichas agendas tienen intereses diversos. ¿Se pueden conciliar algunos intereses para que sean comunes y dar el salto hacia políticas públicas? Creo que sí. Es un trabajo arduo que requiere de instituciones fuertes con vocación democrática, gobiernos capaces de entenderse con la ciudadanía en toda la Ciudad de México.
Hace un mes el gobierno capitalino anunció que había firmado un acuerdo con la plataforma internacional de estancias cortas Airbnb con el aval de UNESCO, ya que su área de influencia es el Centro Histórico. En ese momento los actores políticos, tan diversos como sus intereses, retomaron el discurso sobre el derecho a la vivienda. Los términos de este acuerdo no se hicieron públicos (error del gobierno). Tampoco el Congreso de la Ciudad de México llamó a alguna secretaría a informar sobre su contenido como a su deber corresponde. Finalmente UNESCO se retractó, la papa caliente pasó al Instituto de Planeación y Prospectiva pero la llama se encendió y sigue el calor que produce la palabra “gentrificación”. Una palabra que en lugar de ser categoría de análisis es un adjetivo muy popular para calificar todo aquello que, desde lo más profundo de nuestra subjetividad y prejuicios, consideramos caro, discriminatorio, inaccesible, injusto.
La Ciudad de México es atractiva para los nómadas digitales. Es algo que nadie quiere decir para no contradecir el discurso de los “defensores del derecho a la vivienda”. Las tendencias estructurales de la economía y las nuevas formas de organización del trabajo por el uso de tecnologías aceleran los flujos migratorios de personas empleadas en empresas de todos tamaños, no solo de las grandes corporaciones.
El trabajo remoto es ineludible y está perfilando dinámicas urbanas que conectan a las ciudades en todo el mundo. Pero esta conexión tiene nodos débiles como en la Ciudad de México en donde la mitad de los empleos son informales, no hay políticas integrales de fomento a la vivienda que diversifiquen su oferta fuera de las alcaldías mejor equipadas para el trabajo remoto: Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Coyoacán. Por otra parte, tampoco hay un diagnóstico sobre la factibilidad a largo plazo de servicios públicos, incluido el transporte, en estas zonas con rentas altas y que concentran la mayor oferta de estancias cortas anunciadas en Airbnb. Por ello es que, aún sin contenido, el famoso acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México fue un detonador de posiciones políticas en torno a al acceso a la vivienda para población local.
Es cierto, la vivienda es un derecho constitucional y el suelo tiene una connotación social, pero ambos son valor de cambio y valor de uso en este momento histórico. ¿Cómo conciliar la dinámica de los nómadas digitales, las resistencias para conservar la vida barrial y los temores de una generación que no tiene condiciones estables para aspirar a una vivienda con calidad en equipamientos y servicios? Para contestar esta pregunta creo que lo primero es salir de la caja y pensar que no todo es Airbnb. Lo segundo es considerar medidas particulares sobre estos ejes:
Regulación: De los macro-proyectos para oficinas y plazas comerciales de tal manera que una parte de sus pagos de derechos sean destinados a mejoras en los equipamientos y servicios en las alcaldías con mayor demanda de servicios urbanos. Las desigualdades socio-espaciales requieren otra forma de colaboración entre actores públicos y privados. Es urgente una re-distribución territorial de las plusvalías inmobiliarias para que haya más oferta de vivienda y, por ende, precios más accesibles.
Contribución: De los habitantes de la Ciudad de México en impuestos locales que sean recaudados y administrados por las alcaldías en un marco de autonomía financiera equiparable a la de los municipios. En este caso, otra reforma política de la Ciudad de México es indispensable.
Reestructuración: De la administración pública capitalina. Ninguna medida por bien intencionada que sea podrá implementarse por burocracias con salarios bajos, trabajando con los mínimos recursos materiales y sin rendición de cuentas en donde se toleran las discrecionalidades.
Zonificación: De áreas en donde sea factible destinar inmuebles desocupados para servicios de estancias cortas para nómadas digitales. Esta es una opción rentable en lugares como la hoy abandonada “Zona Rosa”.
Compensación: De inversiones públicas en proyectos suficientes para venta y renta de vivienda con precios accesibles registradas con obligaciones de uso habitacional permanente en alcaldías del segundo círculo concéntrico de plusvalía inmobiliaria: Venustiano Carranza, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Cuajimalpa.
En suma, las propuestas de conciliación existen, el árbitro es quien debe saltar a la cancha ya.
Texto y fotografía: Carmen Contreras @Utopia_Urbana
*Carmen Contreras
Directora de Perspectivas de IG y Consultora en Desarrollo Urbano con Perspectiva de Género
