Trabajos legislativos que garanticen a la población tener una vivienda no han dado los resultados esperados; Constitución de la capital puede ser el gran paso para garantizar derecho a un hogar
Por Hanae Pacheco y Diego Rodríguez
Aprovechar espacios para la construcción de vivienda en la Ciudad de México es uno de los temas que pendientes en el sistema legislativo de la capital del país. En el último año se han planteado distintas alternativas para revertir dicha situación; sin embargo, distintos funcionarios, legisladores y ex servidores públicos esperan que con la Constitución de la Ciudad de México se dé solución a este tema.
Margarita Martínez Fisher, presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) consideró que se debe desarrollar una política que garantice a la población su derecho a la vivienda.
“Se necesitan candados para evitar abusos de los desarrolladores, y establecer castigo a los responsables de violar la Norma 26; condiciones indispensables para se avance en nuevas normas para incentivar la vivienda en la ciudad”.
Explicó que hay constancia que en la Ciudad de México se han construido 6,272 viviendas que violaron dicha norma, aunque la información es parcial. Consideró también que los desarrolladores deben ser los principales interesados en que se sancione a quienes abusaron de la reglamentación y que, quienes han cumplido con las normas, se les permita continuar con el desarrollo de la ciudad.
“Hasta el momento se carece de información objetiva del gobierno local, que permita saber de manera exacta el número de viviendas que fueron construidas con la Norma 26. Existieron violaciones muy graves por el mal uso de la Norma, hubo funcionarios y desarrolladores que permitieron que las viviendas de interés social se revendieran más caras, abuso que no puede quedar impune”, expresó.
Dunia Ludlow, también diputada local y presidenta de la Comisión de Vivienda de la ALDF, explicó que en diversos encuentros que han mantenido con diversas organizaciones, tanto vecinales, empresariales y expertos en el tema, se ha establecido la necesidad de frenar la expulsión de los habitantes de la capital del país.
“Existe en la ciudad de México un rezago en materia de vivienda de 148,000 viviendas, el cual no ha sido atendido, ya que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal apenas construye 2,000 hogares de manera anual. Por lo que todos los sectores de la población deben ser escuchados para que el acceso a la vivienda esté garantizado”.
En declaraciones la prensa, Roberto Eibenschutz, quien fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de 1997 a 1999, consideró que la privatización del espacio público, corrupción y planes de desarrollo obsoletos llevaron al caos en la ciudad.
Si bien dijo que la Constitución de la capital debe considerar estos temas, no será una solución inmediata, pero a partir de dicho documento se deberán hacer las modificaciones necesarias en el marco regulatorio.
Opinó que la privatización del espacio público, con la construcción de diversos desarrollos cerrados y aislados no contribuye a la convivencia social, lo que genera que la ciudad sea cada vez más difícil de vivir.
El exfuncionario también dijo que con el paso de tiempo las cosas se relajan, se incrementa la corrupción, no se actualizan los planes y eso ha provocado el caos actual; además, pocas veces se consultan esos datos para tomar una decisión.
Herencia de la ALDF
Durante el último año de la legislatura pasada, los diputados locales realizaron diversas propuestas en materia de vivienda y desarrollo urbano, que no avanzaron.
La Comisión de la Vivienda de la VI legislatura a inicio del año pasado exhortó a la Seduvi, al Instituto de Vivienda (INVI) y la Secretaría de Finanzas, para que implementaran un programa de incentivos y así, remodelar y rehabilitar inmuebles de la zona centro de la Ciudad de México para desarrollar vivienda de interés social y medio.
En marzo de 2015, el entonces presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel Granados, convocó a organizaciones para que presentaran sus propuestas y conformar un proyecto de la Norma de Vivienda para la capital, que sea de manera ordenada para evitar la invasión de predios. Y que dicha normatividad no iba a ser dictaminada hasta que se concluyera el debate en la materia.
En abril del mismo año, la diputada panista Priscila Vera presentó una modificación al artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano, la que penalizaría a los desarrolladores inmobiliarios que violaran el uso de suelo con construcciones más altas de lo permitido.
De acuerdo con la entonces legisladora, la multa sería de 35% del valor comercial, respecto a la totalidad de la obra construida. Sin embargo, la última modificación que tuvo el documento fue el 24 de marzo, es decir 6 días antes de la propuesta de la legisladora, esto de acuerdo con el documento disponible en la página de la ALDF.
Desde entonces, se ha realizado un esfuerzo coordinado por la Seduvi, para la creación de un nuevo Plan de Desarrollo Urbano para la ciudad, invitando a los distintos actores a dar sus opiniones y propuestas, y cuyo primer resultado se espera se presente antes de que termine el año, para contar con el aval de la ciudadanía y posteriormente, la aprobación de la Asamblea Legislativa.
