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Darían 10 años de prisión a quien desarrolle proyectos en zonas de riesgo

Darían 10 años de prisión a quien desarrolle proyectos en zonas de riesgo

Ana Lilia Herrera propuso materializar el delito de construcción, edificación y realización de proyectos en zonas de riesgo con sanción de 10 años de prisión

La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo propuso definir el delito de construcción, edificación, realización de obras y los asentamientos humanos en zonas de riesgo en el Código Penal Federal.

Esto lo solicitó a través de una iniciativa en la que se insta a adicionar el artículo 420 del Código Penal Federal para tipificar delito si alguien incurre en alguna de las siguientes acciones: Autorice, ordene, construya y/o edifique, proyectos en zonas de riesgo y en zonas de reserva ecológica.

En el caso de los servidores públicos, continuó, además se inhabilitará del servicio público por 5 años.

Instrumento para el ordenamiento territorial

La funcionaria pública subrayó que este será un instrumento que puede ser de bastante utilidad para las tareas de ordenamiento territorial desde la rectoría del Estado, cuyo principal impulsor es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“Se otorgaría fuerza normativa a la protección civil y brindaría al Estado un elemento de control racional y homólogo a favor del desarrollo territorial y protección de las personas bajo su jurisdicción”.

De igual manera, apuntó que cambiaría el status de los atlas de riesgo para convertirse en instrumentos de obligada referencia para la planeación del territorio.

“Obligaría a los gobiernos, federal y locales a garantizar la estricta observancia de los atlas de riesgos en los instrumentos de planeación territorial, ordenamiento ecológico y desarrollo urbano”

Vacíos legales

La diputada recordó que las leyes actuales en la materia omiten sanciones a este tipo de obras emplazadas en sitios de riesgo y ni siquiera reconocen a os agentes involucrados para la potencial necesidad de deslindar responsabilidades en caso de ser necesario.

“Existe vacío en la legislación federal, por ausencia de tipos penales que incluyan responsabilidades y sanciones a quien autorice o desarrolle proyectos en zonas que representan un peligro para la población”.



Integrante del equipo editorial en Centro Urbano. Egresado de la carrera de Economía (preespecialidad en Desarrollo Regional) en el IPN y de Matemáticas Aplicadas y Computación en la UNAM. Apasionado de los temas inherentes al desarrollo urbano-regional y estudios formales -e informales- sobre la ciudad y la economía urbana.