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Ley de Desarrollo Metropolitano beneficiaría a 22 millones de personas

Ley de Desarrollo Metropolitano beneficiaría a 22 millones de personas

La iniciativa de Ley del Gobierno de la Ciudad de México contempla temas como seguridad, movilidad, agua y servicios públicos en general, como la salud y la educación

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, presentó ante la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, la diputada Isabela Rosales, la iniciativa para la Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de México, suscrita por la Jefa de Gobierno de la metrópoli, Claudia Sheinbaum.

Rosa Icela Rodríguez informó que los gobiernos estatales del Estado de México e Hidalgo harán lo mismo para sus congresos locales, y agregó que, de ser aprobada la Ley, cerca de 22 millones de personas se verán beneficiadas en temas como seguridad, movilidad, agua y servicios públicos en general, como la salud y la educación.

La iniciativa considera como ejes rectores de la actividad pública: la coordinación y concurrencia entre los niveles de gobierno y la concertación con el conjunto de otros actores de la sociedad; la complementariedad de la inversión metropolitana; y la asociatividad entre gobiernos para brindar bienes y servicios públicos.

El objetivo es que los gobiernos de la CDMX, Edoméx e Hidalgo presenten sus iniciativas a la Cámara de Diputados para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 122 de la Constitución General de la República, que llama a impulsar una iniciativa de ley para el desarrollo de la Zona Metropolitana del Valle de México, en la que, respetando la autonomía de cada entidad federativa y la soberanía de los Poderes de la Unión asentados en la Ciudad de México, se cuente con un instrumento legal para la gobernabilidad de este territorio.

De acuerdo con la secretaria de Gobierno capitalino, la iniciativa presentada es el resultado de la buena coordinación entre las tres entidades, y representa un ejemplo de cómo los gobiernos y legisladores de diferentes signos políticos pueden acordar por el beneficio de la ciudadanía, “sin poner por encima los intereses políticos”.