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El derecho a la vivienda. ¿Cómo incorporar a los No Afiliados?

Habitat III y las ciudades en México

Por: Rosario Robles

Los esquemas no tradicionales de financiamiento a la vivienda nos acercan cada vez más a la meta de que cada familia pueda contar con una vivienda digna y decorosa

El acceso a la vivienda es una de las necesidades básicas de cualquier persona, pero en términos de política pública resulta un verdadero reto para los gobiernos asegurar el derecho a una vivienda digna y decorosa.

En México, el sector vivienda presenta una dualidad peculiar. Por un lado, hablamos de una industria pujante que impacta en 33 ramas de la economía, responsable de 5.9%1 del PIB nacional y que en 2015 generó 2,924,019 puestos de trabajo formales. Por otra parte, la vivienda sigue siendo una carencia vinculada a la pobreza y la vulnerabilidad y a pesar de los esfuerzos gubernamentales, no ha sido posible abatir el rezago habitacional.

En 2016, 28.1% del parque habitacional presentó rezago, lo que implica que 9.2 millones de familias, a pesar de contar con una vivienda, no han logrado asegurar un espacio adecuado a sus necesidades. El rezago se concentra principalmente en localidades rurales y en población con ingresos menores a los 5 UMAS; asimismo, 76% de las viviendas en rezago, corresponden a la población que no cuenta con seguridad social.

Para 2018 se estima que serán agregadas al parque habitacional 595,000 nuevas viviendas, de las cuales, 62% (369,000) corresponderá a población no afiliada. De las viviendas de población sin seguridad social, 76% (280,000) corresponderá a aquellos cuyos ingresos no superen los 5 UMAs mensuales.

La atención al problema del rezago habitacional en México, desde el ámbito gubernamental, se ha centrado en las acciones de los Organismos Nacionales de Vivienda como Infonavit, Fovissste, Pemex o ISSFAM, con la creación e intervención de Organismos Estatales de Vivienda, así como de la banca de desarrollo del país, particularmente de la Sociedad Hipotecaria Federal.

No obstante, la magnitud del problema público obliga a buscar una alternativa de solución, especialmente para los sectores no afiliados de menores ingresos, y que contribuya a desarrollar el financiamiento habitacional, incluida la participación privada.

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