Por Jorge A. Mc Loughlin.
Recientemente el ya candidato a la presidencia por el PRI, Lic. José A. Meade, manifestó que la democracia está sobre regulada. Hizo este comentario con respecto a la prohibición impuesta por el INE para que en esta etapa de “inter campaña” los candidatos pudieran debatir entre sí.
Más allá de coincidir con esta apreciación, creo que este mal de la sobre regulación afecta no solo al juego democrático, sino a muchos sectores de la actividad económica, con los inevitables costos que ello implica.
Ahora bien, refiriéndome tan solo al sector al que estoy más vinculado profesionalmente como es el inmobiliario y más específicamente el de la valuación de inmuebles, considero que más allá de la voracidad de ciertos legisladores y/o reguladores que quieren meter sus narices en cada recoveco de las actividades a cargo de la IP, podemos encontrar otras causas que han dado pie a esta sobre regulación.
Desde mi punto de vista la regulación debería ser la mínima necesaria que se le debe pedir al Estado para que tutele los intereses de la nación y particularmente el de aquellas personas que aparecen más vulnerables ante la fuerza de un mercado que pocas veces reconoce un mínimo de sensibilidad en su interacción con quienes finalmente consumen sus productos o servicios.
Pero para que se pudiera dar este “mínimo necesario de regulación” debería existir un “máximo de auto regulación” y esta auto regulación no existe o se encuentra muy diluida en el ámbito específico de la valuación de inmuebles. La gran diferencia es que la regulación a secas apunta a procesos administrativos, perfiles profesionales, estructuras de capital y otros aspectos no menos relevantes pero que no tienen impacto en el comportamiento ético de los regulados.
En aquellos países como Nueva Zelanda, Finlandia o Dinamarca donde el comportamiento ético de los empresarios es considerado de los más elevados del mundo, el nivel de las regulaciones o procedimientos burocráticos, es a su vez de los más bajos del mundo.
En aquellos países como Angola donde se aplica el principio maquiavélico del “Gobierno del Miedo”, el nivel de regulación es alto como también lo es la corrupción. En tanto en aquellos países que se rigen por el principio aristotélico del “Gobierno de la Virtud”, no solo los niveles de regulación son más bajos, sino también los niveles de corrupción.
Es aquí entonces donde profesionales y empresarios debemos preguntarnos qué tan dispuestos estamos a someternos a un auténtico proceso de auto regulación, donde nuestras conductas sean juzgadas con objetividad y rigor por nuestros pares, para que sean estos los que con mayor conocimiento de la actividad de la que cualquier regulador podría tener, combatan las malas prácticas y expulsen de sus respectivos gremios a quienes no se muestran dispuestos a competir en forma leal y procurando siempre brindar el mejor servicio a su comunidad y clientes.
La sobre regulación puede provocar estímulos indebidos en los funcionarios públicos. La auto regulación, debería estimular el comportamiento ético de quienes voluntariamente se someten a este proceso.
Jorge A. Mc Loughlin
Director General de Revisora de Avaluos SA de CV
Miembro de la Comisión Nacional de Vivienda y Desarrollo Urbano de Coparmex.
