POR FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA.
En México, como en el resto del mundo, vemos el fracaso del modelo actual de las ciudades, que se caracteriza por la separación de usos de suelo y la priorización del automóvil; el resultado acaba siendo la dispersión insostenible de la mancha urbana, concentración de tráfico vehicular sobre unas cuantas autopistas, fraccionamientos desconectados, segregación social, expulsión de las familias más pobres a las periferias o a la ilegalidad, especulación del suelo, crecimiento en zonas de valor ambiental o riesgos naturales y corrupción. El nuevo modelo debe ser más justo, de ciudades compactas que se centre en las personas y la vida de barrio, con espacios públicos de calidad que privilegien al peatón y a sus alternativas de transporte colectivo sobre el automóvil, que permita los usos mixtos y diversidad de tipologías de vivienda en las que todos los habitantes cuenten con gran parte de sus actividades cotidianas a una distancia segura y accesible, y que integre al medio ambiente en armonía con el hábitat humano.
Por ello, debemos entender la realidad sobre los derechos de las personas relacionados a la vida en la ciudad; ha sido un error asumir que el estado tiene la capacidad de proveer todos los elementos de la ecuación para generar la ciudad que queremos. Al contrario, la experiencia comprueba que los ciudadanos mismos producen las mejores soluciones para satisfacer sus necesidades inmobiliarias por medio de la creatividad e innovación, siempre y cuando el estado garantice un buen diseño de espacios públicos y su infraestructura, que permita la evolución adecuada de la ciudad, y que eviten las regulaciones equivocadas o prohibitivas que hoy son la causa de las monoculturas, la dispersión artificial de la vivienda social, los mercados negros y la exclusión de los sectores más vulnerables.
Además, debemos replantear la manera en que pensamos acerca de la participación ciudadana. Por ello, debemos sustituir la cultura de “consultas públicas” que buscan regular usos de suelo solo para dar legitimidad a unos cuantos individuos que buscan imponer sus preferencias sobre la propiedad privada de todos los demás vecinos. Para ello necesitamos un sistema que le dé mayor poder de decisión a los ciudadanos; primero, garantizando que parte del impuesto predial se reinvierta en equipamientos y espacios públicos de las mismas colonias o barrios en las que se produce; y segundo, empoderando a los propietarios para que decidan en qué invertir sus aportaciones para generar el máximo valor para sus comunidades.
De igual manera, debemos asegurar que todas las inversiones públicas en infraestructura sean autofinanciables, recuperando parte de sus plusvalías, y utilizando el impuesto predial para garantizar el mantenimiento adecuado de éstas. Finalmente, es importante definir mecanismos que brinden acceso a vivienda e integren a la ciudad a las familias más vulnerables, así como al más del 50% que no cuentan con empleo formal ni con normas e instrumentos financieros que permitan la urbanización progresiva sustentable.
Por ello proponemos un modelo de planeación orgánica que obligue al gobierno a garantizar los elementos fundamentales del desarrollo urbano que son los espacios públicos y la infraestructura, y que dé mayor flexibilidad para el máximo aprovechamiento de usos y densidades de los espacios edificables a los ciudadanos, en un modelo financiero de transparencia y participación ciudadana.
Para ello, primero, debemos redefinir el rol del gobierno y fortalecer los mecanismos de planeación y financiamiento para garantizar que el espacio público sirva como un elemento de justicia y sea de calidad. Es necesario que el gobierno garantice el diseño, custodia, mantenimiento y adecuación del espacio pública, el cual incluye vialidades y espacios abiertos como parques y plazas, de tal manera que permita brindar soluciones logísticas y de vida comunitaria a las diferentes densidades y tecnologías en el tiempo, con mayor interconexión vial que favorezca al peatón y que distribuya el tráfico entre una mayor diversidad de rutas; parques conformadores de barrios para una vida de comunidad e inclusión social; y que se asegure la custodia de zonas de valor ambiental y que estos se conviertan en espacios públicos para usos recreativos de tal manera que garantice la seguridad de los habitantes y del medio ambiente.
Segundo, debemos redefinir el alcance del gobierno en la regulación de los predios edificables para permitir una mezcla orgánica de usos y densidades, que permita mejores soluciones inmobiliarias para todos de manera natural. De esta manera, permitiéramos generar ciudades más compactas, con mayor accesibilidad e inclusión social, con usos mixtos y diversidad de tipología de vivienda, recordando que lo construido se encuentra en constante evolución y, si se le permite, se reconstruye varias veces de acuerdo a los cambios en la demanda de densidades y tecnologías, incluyendo los mecanismos administrativos y financieros para garantizar la adecuación puntual de infraestructura que responda a los cambios en la demanda de las redes.
Finalmente, debemos redefinir los mecanismos de participación social y de financiamiento de la infraestructura. Para ello, necesitamos promover que el impuesto predial se maneje por medio de fondos exclusivamente para inversiones en infraestructura y equipamientos, y fondos vecinales que permita que un porcentaje de los prediales de cada barrio se queden en el barrio donde se producen y empoderen a sus vecinos para participar año con año en determinar las prioridades de inversión en su colonia.
También debemos definir los mecanismos financieros y administrativos que garanticen la construcción, mantenimiento y adecuación puntual de la infraestructura y equipamientos en el espacio público, de acuerdo a las necesidades de la demanda para crecimiento y la carga a las redes de servicios, lo cual se puede lograr por medio de agencias autónomas para el financiamiento privado de infraestructuras públicas. De igual manera, debemos disminuir la especulación del suelo y el mal manejo de los recursos al garantizar que todas las inversiones públicas en infraestructura recuperen su costo por medio de las plusvalías que generan.
FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA. Es senador por Sonora. Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Vicecoordinador de Política Económica del Grupo Parlamentario del PAN.
@pancho_burquez_
