La presidenta de la Comisión de Vivienda destacó que, al garantizar el acceso al suelo y a una vivienda adecuada, se promueve la dignidad humana y se combate la pobreza
La presidenta de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, Lilia Aguilar, presentó una iniciativa para reformar el párrafo séptimo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de establecer que ‘toda persona tiene derecho al suelo y a vivienda adecuada’.
En su propuesta, la legisladora señala que, en México, durante los últimos 70 años, la población ha crecido poco más de cuatro veces, pues en 1950 había 25.8 millones de personas, y en 2020 se registraron 126 millones.
Además, de 2010 a 2020 la población se incrementó en 14 millones de habitantes, lo que ha repercutido invariablemente en la demanda de vivienda.
De igual manera, Aguilar Gil menciona que la urbanización y el crecimiento de la población ha sido descontrolado y carece de planificación; además de que los intereses privados y políticos han prevalecido sobre los intereses sociales, lo que ha permitido que la especulación inmobiliaria agote una gran cantidad de tierra de costo accesible para los mexicanos de bajos ingresos.
En este sentido, la iniciativa afirma que el derecho al suelo y a la vivienda adecuada permitirá normar y concretar proyectos y acciones tendentes al uso racional y sostenible del suelo; así como a la legítima aspiración de las personas a una vivienda adecuada.
Asimismo, el documento destaca que el reconocimiento constitucional de este derecho humano es esencial para lograr una sociedad equitativa, incluyente y sostenible; pues, al garantizar el acceso al suelo y a una vivienda adecuada, se promueve la dignidad humana, se combate la pobreza y se fomenta la participación ciudadana en la construcción de un futuro más sostenible.
Adicionalmente, la iniciativa considera que el acceso a tierras propias fomenta la participación activa de las personas en la conservación de los recursos naturales y la implementación de prácticas agrícolas y urbanas sostenibles. Con lo cual se contribuye a la protección del medio ambiente, la mitigación del cambio climático y la construcción de comunidades resilientes.
“Estaremos sentando las bases para una sociedad más justa y equitativa, donde cada individuo tenga la oportunidad de vivir en un entorno seguro y desarrollarse plenamente”, expone la legisladora.
No obstante, Aguilar Gil indica que, para lograrlo, es necesario un compromiso firme de los gobiernos y la sociedad en su conjunto; así como la implementación de políticas y programas concretos que garanticen el ejercicio efectivo de este derecho fundamental.
