La reforma busca establecer las condiciones para que los trabajadores puedan acceder a una vivienda en arrendamiento social o adquirirla en propiedad
Por unanimidad, las comisiones de Puntos Constitucionales; Reordenamiento Urbano y Vivienda; y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron, sin cambios, el dictamen por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política, a fin de establecer un sistema de vivienda con orientación social para las y los trabajadores.
La iniciativa plantea que toda empresa estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar una vivienda adecuada a las personas trabajadoras; y dicha obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional, a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores.
Dicho fondo, añade el proyecto, establecerá un sistema de vivienda con orientación social para las personas trabajadoras derechohabientes, que permita obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora; también podrá adquirir suelo y construir vivienda, en los términos que fije la ley.
Asimismo, la iniciativa de reforma constitucional dispone que la ley establezca los términos y condiciones para que las personas trabajadoras puedan acceder a las viviendas en arrendamiento social o adquirirlas en propiedad; y precisa que la mensualidad del arrendamiento social no pueda exceder del 30% de su salario.
Por último, determina que, en cualquier caso, se dará preferencia de acceso a la vivienda en arrendamiento social a las personas trabajadoras que hayan aportado continuamente al fondo y no cuenten con vivienda propia; además, la ley preverá mecanismos para evitar discrecionalidad o injerencias arbitrarias que limiten el acceso a este derecho.
Al respecto, el senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que con esta reforma se podrán construir poco más de 1 millón de viviendas en el sexenio.
De igual manera, indicó que esta iniciativa resuelve el “enorme problema” de establecer la responsabilidad directa del Estado para asegurar que todos los trabajadores tengan acceso a una vivienda adecuada, lo cual, además, ayudará a disminuir la pobreza y la desigualdad en el país.
Por su parte, el senador Luis Armando Melgar Bravo, presidente de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda, añadió que, de ese millón de viviendas proyectadas para el sexenio, 165,000 se edificarán en 2025, entre las que habrá varias para renta, lo que beneficiará especialmente a jóvenes cuyos ingresos no les permite alquilar un hogar.
“Esta reforma es sensible, tiene una enorme visión porque está viendo un país con una necesidad de jóvenes que lo mínimo que esperan es tener un techo una vez que terminan su educación, y es responsabilidad de todos que esto se dé, porque no hay que olvidar que aquí participamos todos: empresa, sector social y el gobierno”, dijo.
La senadora Andrea Chávez Treviño destacó que, con la reforma, la gente tendrá derecho a una vivienda con acceso a servicios básicos y públicos. Además de que eliminará malas prácticas de varios políticos en donde los trabajadores “estaban condenados a una estructura clientelar para que les pudieran dar acceso a un hogar”.
En tanto, la senadora Mely Romero Celis aseguró que esta iniciativa “va en el sentido correcto”, porque permitirá encontrar una vía de solución para las viviendas abandonadas y se ampliará el acceso a créditos.
No obstante, consideró que este proyecto será una solución para quienes tienen un empleo formal y no para los millones de trabajadores que están en la informalidad, sobre todo los jóvenes que están en esta situación.
