La directora de la Conavi explicó que la reforma implica cambiar el término ‘vivienda digna y decorosa’ por ‘vivienda adecuada’, con base en ordenamientos internacionales
En el marco del Parlamento Abierto virtual ‘El derecho constitucional a una vivienda adecuada’, organizado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, expertos analizaron la pertinencia de modificar el artículo 4 constitucional. Lo anterior con el fin de incluir el concepto de ‘vivienda adecuada’; así como que el acceso a ella sea considerado un derecho humano.
“Una vivienda adecuada, para nosotros y para todo el sector, no solamente constituye un elemento financiero; sino un derecho humano, una estructura que conforma comunidad y a las familias. Es mucho más que cuatro muros y un techo; es la base de la conformación de la sociedad mexicana”, dijo el titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón.
Edna Vega Rangel, directora general de la Conavi, explicó que la reforma implica cambiar el término ‘vivienda digna y decorosa’ por ‘vivienda adecuada’, con base en ordenamientos internacionales. Tales como la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales; así como los siete elementos que deben tener las viviendas adecuadas: disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.
“Se buscaría que a partir de esta reforma constitucional pudiera haber una armonización de todas las leyes en la materia, entre ellas, la Ley de Vivienda y la Ley de Asentamientos Humanos, que tienen implicaciones importantes en la concepción de lo que es una vivienda adecuada”, agregó.
Por su parte, David Cervantes Peredo, subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, declaró que es muy oportuno analizar y aprobar la modificación constitucional; pues reconocer este derecho humano permitirá contar con instituciones y normatividad para promover y garantizar este derecho.
En tanto, Daniel Fajardo Ortiz, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, mencionó que, de aprobarse la reforma, llevaría a redefinir la política pública en la materia. Además de que permitiría atender de manera prioritaria a quienes no han tenido accedo a este; lo que implica cambiar la visión que se había tenido de la vivienda únicamente como mercancía.
“Desde la Sedatu, por supuesto que vemos con mucha simpatía y esperanza el que se pueda lograr la modificación. Tenemos claras las implicaciones que ello tendrá y tendremos que hablar de los no derechohabientes y de la obligación de tener políticas públicas para ellos y fortalecer los programas que ya tenemos”, abundó.
