Desarrolladores inmobiliarios coinciden en que las modificaciones no atienden las necesidades en la capital
Ante la iniciativa para modificar la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Ciudad de México, con lo cual se trastoca la Norma 26, desarrolladores inmobiliarios con presencia en el Valle de México han salido al paso y mostrado su rechazo a los cambios que pretenden, entre otras cosas, limitar la construcción de vivienda de interés social y popular al Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI).
Como se recordará, el pasado 13 de septiembre, se aprobó en comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) diversas disposiciones en la materia, entre las cuales se destaca derogar la Norma 26 en aras de adicionar el contenido de ésta regla al artículo 53 de la Ley de Desarrollo Urbano, contemplando diversos incentivos y candados.
Entre las limitantes que se estipulan en la iniciativa, que aún no es discutida en el pleno, se incluye el tope al valor de las viviendas. Así, por ejemplo, una vivienda de interés social deberá tener un valor mínimo de 5 mil 400 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente, que a la fecha equivaldría a 378 mil 072 pesos; y un valor máximo de 10 mil 750 unidades de cuenta, que hoy asciende a 784 mil 896 pesos. Mientras que el valor de una vivienda para los trabajadores deberá ser mayor a 10 mil 950 veces la unidad de cuenta y menor a 16 mil 750, con lo que tendría un valor máximo de un millón 200 mil 640 pesos.
La iniciativa considera que la ciudadanía que adquiera vivienda de interés social o para trabajadores no podrá vender la propiedad en al menos 30 años a partir de la adquisición del inmueble. Además, precisa que, en caso de vender, el precio deberá ser menor al monto pagado para su compra.
Al respecto, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) delegación Valle de México llamó a los diputados capitalinos a analizar la propuesta y modificar los cambios previstos. Consideró que esta transformación no va acorde con la realidad en la Ciudad de México, además que afectaría al patrimonio de los trabajadores.
De manera puntual, la organización consideró que limitar la construcción de vivienda a sólo una entidad perjudicará la competitividad en la Ciudad; además que cerrarían la puerta a inversiones en la capital.
Por otro lado, la Cámara enfatizó que poner una condicionante a la venta de vivienda afecta a la población. Dijo que, de concretarse este punto, se inhibiría la posibilidad para que las familias de la capital puedan aspirar a un cambio de vivienda que vaya acorde a sus necesidades.
“Cualquier ciudadano tiene el derecho de comprar una vivienda y posteriormente vender de acuerdo al libre mercado, así como obtener una plusvalía conforme el crecimiento del valor inmobiliario. Ninguna norma debe de tener control en los precios sobre la tierra”, añadió.
En lo referente, el diputado Raúl Flores, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la ALDF, se pronunció en contra de que se establezca un límite al costo del suelo para la construcción de vivienda.
El legislador capitalino indicó que poner topes en este rubro sólo traería como consecuencia que “terratenientes” encarezcan aún más el valor del suelo, pues dijo, es imposible encontrar terrenos con valor de 3 mil pesos en la Ciudad. Añadió que se buscará analizar con los integrantes de la Comisión de Vivienda que se respeten las áreas de valor patrimonial, las zonas del plan parcial y “que podamos tener un desarrollo urbano más ordenado en la Ciudad de México, sin clasismo”.
