La Sedatu, Infonavit, Fovissste, Conavi y 15 dependencias más firman convenio para agilizar la construcción de viviendas del PVB
El Gobierno de México formalizó la articulación institucional que dará soporte operativo al Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB), al publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional que involucra a 18 dependencias, organismos y empresas públicas del Estado.
Lo anterior con el objetivo de acelerar la construcción, regularización y dotación de servicios para más de 1 millón de viviendas durante el sexenio, en cumplimiento de los compromisos presidenciales en materia de derecho a la vivienda adecuada.
Vivienda como derecho constitucional
El documento se sustenta en la reforma constitucional que reconoce el acceso a una vivienda adecuada como derecho humano, así como en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que establece la construcción de más de 1 millón de viviendas y un programa masivo de escrituración.
En ese contexto, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) coordinará los esfuerzos para consolidar la meta sexenal de edificar hasta 1.8 millones de hogares y otorgar más de 1 millón de escrituras.
El objetivo declarado es “garantizar el derecho a una vivienda adecuada y sustentable que mejore la calidad de vida de la población mexicana y contribuya a cerrar las brechas de desigualdad social y territorial”.
¿Quiénes participan?
Además de la Sedatu, el convenio integra a actores clave del ecosistema habitacional y territorial:
- Secretaría de Bienestar
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
- Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)
- Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)
- Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus)
- Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)
- Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste)
- Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin)
- Comisión Nacional del Agua (Conagua)
- Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
- Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL)
- Financiera para el Bienestar (Finabien)
- Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)
- Petróleos Mexicanos (Pemex)
- Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Cada institución intervendrá dentro de su ámbito de competencia para emitir dictámenes, autorizaciones, permisos y facilitar procesos administrativos vinculados a los proyectos habitacionales.
Simplificación de trámites y reducción de tiempos
Uno de los puntos centrales del convenio es la posibilidad de simplificar trámites, reducir tiempos de respuesta e incluso deducir o condonar pagos administrativos cuando la normatividad lo permita.
Los proyectos deberán ser propuestos por Conavi, Infonavit o Fovissste y posteriormente evaluados por las demás dependencias para garantizar cumplimiento ambiental, hídrico, patrimonial, energético y territorial.
En materia de suelo, el Insus tendrá un rol estratégico en la regularización y escrituración, pieza clave del compromiso presidencial número 49.
Infraestructura, agua y energía garantizadas
Asimismo, el convenio incorpora a Conagua para asegurar el derecho humano al agua en los nuevos desarrollos; a la CFE para garantizar factibilidad eléctrica; y a la SICT para facilitar infraestructura y conectividad urbana.
En tanto, el INAH y el INBAL participarán para asegurar que los proyectos respeten zonas arqueológicas, históricas y patrimonio artístico.
Coordinación como eje operativo
Más allá de la meta numérica, el convenio busca establecer un mecanismo permanente de coordinación interinstitucional que agilice procesos y reduzca cuellos de botella administrativos.
Con ello, el Gobierno Federal busca blindar operativamente el PVB y asegurar que la construcción masiva de vivienda se realice bajo criterios de sustentabilidad, regularidad jurídica y dotación integral de servicios.
