La medida parte del argumento que las empresas que compran cartera vencida o son subcontratadas por el Infonavit para dar seguimiento a pagos realizan acciones que atentan contra la dignidad de los trabajadores
El diputado priista Rubén Moreira Valdez, presentó una iniciativa para modificar el artículo 71 de la Ley del Infonavit. El objetivo de los cambios es prohibir al Infonavit pueda tercerizar sus procesos de cobranza y vender la cartera vencida.
De acuerdo con el planteamiento del legislador, la intención de la medida busca proteger al trabajador, pues según el argumento presentado por el legislador, las empresas que se encargan de realizar la cobranza vulneran los derechos de los trabajadores.
De manera explicita, la propuesta busca prohibir el organismo hipotecario ceda, enajene o transfiera a personas físicas o morales los créditos otorgados; además de subcontratar a empresas para realizar requerimientos o acuerdos a su nombre.
Lo expuesto en el documento presentado al pleno de San Lázaro y remitido a la Comisión de Vivienda busca de manera concreta que el Infonavit sea el responsable de llevar los procesos de cobranza de cartera vencida o créditos con retraso. La intención, explicó, es “que en todos los procedimientos se respeten los derechos humanos de los titulares”.
El documento presentado por Moreira Valdez argumenta que la venta de cartera vencida “representa un perjuicio para los trabajadores”. Aunado a lo anterior, aseguró que las empresas contratadas para la tercerización “utilizan mecanismos extrajudiciales e, incluso, simulación de actos jurídicos por medio de falsas notificaciones de embargo, que buscan hacer las veces de requerimientos de pago”.
“Es fundamental que el Infonavit no desvirtúe el objetivo con el que fue creado y privilegie que las y los trabajadores conserven su patrimonio familiar, toda vez que esta institución no fue concebida como un negocio, sino como una prestación que es un derecho de toda persona”, señaló el legislador.
El legislador subrayó que el esquema de cobranza puesto en marcha por el organismo deberá ser ejecutado por el propio Instituto y vigilar el respeto a los trabajadores; además de evitar ceder los créditos aunque estén vencidos.
