La reforma a la Ley del Infonavit busca eliminar el intermediarismo. Esto con el fin de dar mayor libertad a los trabajadores para usar su dinero como más les convenga
La diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), anunció que se revisará a fondo la iniciativa de reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), presentada por el Poder Ejecutivo Federal.
Juárez Piña explicó que el Estado Mexicano no se puede deslindar de su obligación de garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores.
“La iniciativa se plantea como un avance en este sentido, pero en realidad no corrige los problemas estructurales del sector. Como las prácticas de corrupción en el Infonavit; los abusos de las constructoras permitidas por las propias autoridades; el alto costo de las viviendas; las unidades de viviendas lejos de las zonas urbanas y fuentes de empleo; la falta de servicio básicos y transporte, así como la inseguridad”, dijo.
La iniciativa para reformar al Infonavit busca, principalmente eliminar el intermediarismo. Lo anterior con el propósito de dar mayor libertad a los trabajadores para usar su dinero como más les convenga.
Sin embargo, la diputada advirtió que la reforma no resolverá el grave problema de corrupción que enfrenta el sector; lo cual, al final, afectará a los trabajadores.
Asimismo, señaló que el problema central para el Infonavit es que “los montos ahorrados durante años por los trabajadores están muy por debajo del precio de las viviendas o de los terrenos; y, para poder tener la posibilidad de adquirir una, es necesario que las autoridades ofrezcan otras alternativas”.
Además, mencionó que varias de las reformas que se pretenden impulsar ya se aplican en el sector desde hace varios años. Tal es el caso de que el trabajador pueda usar su crédito para comprar un terreno, autoproducir su casa, pagar pasivos, refinanciar un crédito ya adquirido o gestionar créditos mancomunados.
La coordinadora perredista destacó que existe una serie de problemas estructurales. Mismos que se tienen que corregir para resolver de manera integral el déficit de vivienda en el país.
Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) reportó que, de las más de 34 millones de viviendas que hay en el país, cerca de 7.5 millones están construidas con materiales precarios; además, casi 6.4 millones requieren mejoras o una ampliación.
De igual manera, 9.4 millones de viviendas están en calidad de rezago habitacional; y 5 millones más se encuentran abandonadas o en desuso a consecuencia de la violencia y la falta de servicios básicos.
“Preocupa que lo que se pretenda es que el Estado se deslinde de su obligación de garantizar el derecho a la vivienda a los trabajadores; dejándolos a su suerte frente a un sector invadido por la corrupción y ante un mercado inmobiliario voraz”, concluyó Juárez Piña.
