De igual manera, se ordenó a la Sedatu obtener y proporcionar a inquilinos información sobre los efectos de la pandemia sobre la vivienda de arrendamiento
El pasado 10 de agosto, el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó al Gobierno capitalino evaluar “la situación actual por la que atraviesa la población vulnerable, relacionada con el derecho a la vivienda”.
De esta manera, la administración encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo deberá evaluar la situación económica de los inquilinos vulnerables; así como generar las políticas y acciones necesarias para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia en quiénes pagan una renta en la capital.
Además, se ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) obtener, analizar y proporcionar a inquilinos información sobre los efectos de la pandemia sobre el acceso a la vivienda de arrendamiento; así como respecto al incremento en desalojos.
Lo anterior se dio tras constatar que las autoridades no adoptaron ningún tipo de medida para evitar afectaciones al derecho a una vivienda adecuada; como sí sucedió en otros países.
De acuerdo con la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), la orden del Poder Judicial Federal se derivó de una demanda de amparo presentada en contra de diversas autoridades por no adoptar ninguna medida para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia en el acceso a la vivienda de los inquilinos.
El organismo explicó que, en marzo de 2020, la señora María Luisa perdió su empleo debido a la contingencia sanitaria. Con el tiempo se quedó sin recursos para pagar la renta; por lo que su casero le exigió abandonar el lugar en el cual vivía desde hacía 45 años.
La señora y su familia necesitaban beneficiarse de algún apoyo gubernamental o medida enfocada a evitar su desalojo; tal como sucedió en más de 12 países y numerosas ciudades en el mundo. Sin embargo, en México ningún nivel de gobierno buscaba evitar que los inquilinos vulnerables pasaran a una situación de calle.
Así, en mayo de 2021, la familia de la señora María Luisa recurrió a la asesoría jurídica de la HIC-AL y presentó la demanda; misma que se resolvió este mes de agosto.
