Los recursos con los que cuenta el Infonavit le permitirán implementar la reforma en materia de vivienda, en caso de que se apruebe
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) reportó un incremento de 394% en los recursos bajo su administración. Esto como resultado de la política laboral del Gobierno de México, que se basa en la recuperación del salario mínimo y la eliminación de la subcontratación.
De esta manera, el activo neto del Fondo de Apoyo a las Necesidades de Vivienda de los Trabajadores (Fanvit) pasó de 146,857 millones de pesos (mdp) en diciembre de 2018, a 725,448 mdp al cierre de julio de 2024.
Con respecto a la política laboral, el Infonavit señaló que, con cada aumento al salario mínimo, se registró un incremento en el monto de las aportaciones de los empleadores, el cual debe ser el equivalente al 5% del salario de cada uno de sus trabajadores.
Además, el Instituto ha fortalecido la administración y el gobierno corporativo de sus inversiones, con lo que ha logrado rendimientos para los ahorros de los trabajadores superiores a los obtenidos por el sistema AFORE.
Gracias a lo anterior, el incremento en los recursos invertidos por el Fanvit tuvo lugar incluso cuando el Infonavit registró una derrama económica histórica por colocación de crédito, que asciende a 1.3 billones de pesos, con 2.6 millones de financiamientos otorgados para comprar, construir o remodelar viviendas, o bien, adquirir un terreno.
“Hacia adelante, los recursos con los que cuenta el Infonavit no solo le permitirán seguir colocando créditos con las tasas de interés más bajas del mercado hipotecario, en beneficio de las y los trabajadores de menores ingresos, sino también implementar la reforma en materia de vivienda, en caso de que sea aprobada”, indicó el Instituto.
Asimismo, recordó que dicha reforma consiste en:
- Dotar al Infonavit de nuevas atribuciones para la inversión de sus recursos. El Instituto podrá invertir en la construcción de vivienda para las y los trabajadores derechohabientes.
- Establecer un esquema de renta social que permita a las y los trabajadores derechohabientes rentar una vivienda con opción a compra después de 10 años de habitarla. El esquema prevé que las viviendas puedan alquilarse a un costo que no exceda el 30% del salario de la persona trabajadora.
