España cuenta con 1,1% de vivienda social, frente a 32% de Países Bajos, 23% de Austria, 18% del Reino Unido y 17% de Francia
Los datos se recogen en el informe “Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España”, donde argumentan que cientos de miles de personas han perdido su vivienda o corren el riesgo de perderla en ejecuciones hipotecarias, debido al desempleo y al sobreendeudamiento que comenzó la crisis en el 2008.
Durante la presentación del estudio, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, señaló que el derecho a la vivienda corre peligro en España y que las autoridades no han adoptado medidas suficientes para proteger y hacer efectivo ese derecho.
Los desahucios hipotecarios están entre las manifestaciones más graves del perjuicio que la austeridad causa en el disfrute de los derechos humanos por parte de las personas que sufren las peores consecuencias de la crisis económica, afirmó la organización.
La organización pide se paralicen todos los desalojos hipotecarios en España hasta que no se adopten garantías de protección, como la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los jueces analicen caso por caso la razonabilidad y la proporcionalidad de un desalojo, y un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas en el que las autoridades exijan a aquéllas que el desalojo sea la última alternativa.
La organización sostiene que las autoridades han invisibilizado la gravedad de la situación al no ofrecer datos de cuántas personas se han visto afectadas por los desahucios ni realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el de género.
Reducen gasto público en vivienda
Por otro lado, Amnistía Internacional señala que, en un momento de crisis económica, cuando las personas necesitan de mayor protección, las autoridades han adoptado medidas regresivas injustificadas y contrarias al derecho internacional, como la reducción del gasto público en vivienda en más del 50% entre 2008 y 2015.
España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la UE (1,1%), sólo superado por Grecia y está lejos de otros países como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%).
Subraya también que en lugar de hacer frente a la cifra, las autoridades de dos de las comunidades autónomas donde existen más desalojos y viviendas vacías, como Cataluña y Madrid, han vendido vivienda social obviando así sus obligaciones en materia del acceso a la vivienda.
