HIC-AL propone generar contratos que aseguren el arraigo, tope al costo de las rentas, uso de viviendas vacías para alquiler, entre otras
A través del Bando 1, el Gobierno de la Ciudad de México propone una Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles; sin embargo, aún no se han sido establecidos los puntos que la conformarían.
No obstante, la Coalición Internacional para el Hábitat- América Latina (HIC-AL), en conjunto con la UPREZ y la Plataforma 06600 de la Juárez, trabaja en el diseño de una Ley Inquilinaria que busca garantizar seguridad, justicia y estabilidad a los arrendatarios en la ciudad.
HIC-AL señaló que, actualmente, la mitad de los hogares con los menores ingresos rentan su vivienda, mientras que, el 90% de las ganancias a nivel nacional por alquiler está concentrado en el 10% más rico.
En ese contexto, la coalición señala que las disposiciones actuales no protegen adecuadamente a los arrendatarios, por lo que sugieren una serie de propuestas para revertir esta situación.
En primer lugar, propone que los contratos sean de al menos tres años para impulsar el arraigo, ya que actualmente la norma es de sólo un año; esta disposición se aplicará a menos que las partes no se pongan de acuerdo por otra duración. Además, si los arrendadores son dueños de más de 10 inmuebles, deberán establecer contratos de hasta cinco años.
Con contratos más largos, sería posible establecer un tope en el aumento anual del precio de la renta conforme a la inflación, como prevé el Código Civil. Por ahora, muchos propietarios cambian a los inquilinos cada año para no respetar la ley.
Otra de las propuestas es el registro obligatorio del contrato y la imposición de sanciones. Por otro lado, para evitar abusos, HIC-AL sugiere establecer de manera legal la posibilidad de pedir únicamente un máximo de una mensualidad como depósito y sólo una garantía. Además, el depósito debe ser devuelto al inquilino al finalizar el contrato, siempre que no haya provocado daños o haya cubierto todas sus mensualidades.
Para fomentar el arraigo, la coalición solicita la revisión del derecho de preferencia. Este derecho establece que, si el arrendador desea vender el inmueble, debe ofrecerlo primero al arrendatario, lo que impulsará su permanencia y detendrá los desalojos.
Finalmente, HIC-AL propone que las viviendas vacías por más de cinco años se incorporen a un Programa de Alquiler Social para grupos prioritarios. La renta deberá ser pagada al dueño, pero el monto no podrá superar el 30% de los ingresos del arrendatario.
