De acuerdo con ONU-Hábitat, el Derecho a la Ciudad contribuye a garantizar ciudades libres de discriminación, inclusivas, igualitarias y con ciudadanía participativa
ONU-Hábitat, el programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, explica que el Derecho a la Ciudad es el derecho que tienen todas las personas para “habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna”.
En este sentido, el Derecho a la Ciudad contribuye a garantizar ciudades libres de discriminación, inclusivas, igualitarias y con ciudadanía participativa.
El organismo, en la Agenda del Derecho a la Ciudad, enumera los componentes que conforman este derecho:
No discriminación
Las comunidades urbanas que ejercen libremente este derecho no cuentan con ningún tipo de discriminación; ya sea de género, edad, estado de salud, nacionalidad, origen étnico, condición económica u orientación política, religiosa o sexual.
Las ciudades deben tomar en cuenta a las minorías y la diversidad étnica, racial, sexual y cultural; así como respetar, proteger y promover todas las costumbres, recuerdos, identidades, idiomas y expresiones artísticas y culturales no discriminatorias de sus habitantes.
Igualdad de género
Asentamientos urbanos que adopten las medidas necesarias para combatir la discriminación contra las mujeres y las niñas en todas sus formas; además de asegurar su pleno desarrollo y garantizarles la igualdad en el ejercicio y la realización de los derechos humanos, y una vida libre de violencia.
Inclusión
Ciudades en las que todos los habitantes (permanentes o temporales) sean considerados ciudadanos y se les trate con igualdad.
“Por ejemplo, las mujeres, las personas que viven en la pobreza o en situaciones de riesgo ambiental; los trabajadores de la economía informal; los grupos étnicos y religiosos; las personas LGBT; las personas con discapacidad; los niños, jóvenes y ancianos; los migrantes; los refugiados; los habitantes de la calle; las víctimas de la violencia y los pueblos indígenas”, señala ONU-Hábitat.
Participación
El Derecho a la ciudad implica una mayor participación política de los habitantes en la definición, ejecución, seguimiento y formulación de presupuestos de políticas urbanas y la ordenación del territorio; a fin de reforzar la transparencia, la eficacia y la inclusión de la diversidad de los habitantes y de sus organizaciones.
Accesibilidad y Asequibilidad
Ciudades que cumplan sus funciones sociales; es decir, que garanticen el acceso equitativo y asequible de todos sus habitantes a la vivienda, bienes, servicios y oportunidades urbanas, en particular para las mujeres, los grupos marginados y las personas con necesidades especiales.
Espacios y servicios públicos de calidad
Asentamientos urbanos con espacios y servicios públicos que mejoren las interacciones sociales y la participación política, promuevan las expresiones socioculturales, abracen la diversidad y fomenten la cohesión social.
Dichos espacios contribuirán a construir ciudades más seguras y a satisfacer las necesidades de sus habitantes.
Economías diversas e inclusivas
Comunidades con economías diversas que salvaguarden y aseguren el acceso a medios de vida seguros y trabajo decente para todos los habitantes.
Vínculos urbano-rurales
Ciudades sostenibles con vínculos urbano-rurales inclusivos; que beneficien a las personas en situación de pobreza, tanto en zonas rurales como urbanas, y asegure la soberanía alimentaria.
