Por Carmen Contreras*
Las mujeres representamos el 52% de la población de la Ciudad de México. El voto femenino pesa en las definiciones políticas. No obstante, nuestra participación en los asuntos públicos a veces no se escucha, ni se ve y votar es una forma de manifestarnos cada tres o seis años.
Esta limitada participación se debe principalmente a que nuestro tiempo se concentra en los asuntos laborales, de supervivencia, domésticos y de cuidado, más que en los escenarios del debate por la ciudad que se dan en todo lugar, desde nuestra calle hasta el Congreso. Por eso la urgencia de cambiar las condiciones materiales y las mentalidades del patriarcado que nos apartan de las posibilidades de definir una agenda política.
La desigualdad social entre las propias mujeres también provoca que aquellas que forman redes de apoyo y cuentan con estabilidad económica puedan involucrarse de manera más visible en la definición de los problemas públicos y sus soluciones.
El reto que tendrán las mujeres que llegarán al Congreso de la Ciudad de México en la siguiente legislatura y a las alcaldías será representar los intereses heterogéneos de las mujeres, no solo de aquellas con capacidad de organización, abogacía y gestión de los servicios públicos. De esta forma habrá valido la pena la lucha por la paridad en todo.
Las mujeres elegidas para las diputaciones y alcaldías deberán representar a los grupos excluidos de las políticas públicas en la capital como son las jefas de familia que sobreviven en actividades informales y sin seguridad social durante y posterior a la pandemia, las mujeres agricultoras del sur-oriente de la ciudad, las mujeres en alcaldías que presentan rezago en el acceso al agua potable, drenaje e infraestructura social de cuidados; así como de las mujeres trans que son objeto de discriminación y de manera particular de las niñas y las jóvenes quienes son las más vulnerables por violencia sexual en su casa, en la calle y en el transporte.
También estará en sus manos modificar la distribución de los presupuestos públicos y la transparencia de su ejercicio. La austeridad ha colocado a la Ciudad de México en una situación de fragilidad ante la pandemia y la recuperación económica depende de una buena administración de los recursos, así como de las alianzas entre los sectores público y privado para invertir en el desarrollo de vivienda accesible, infraestructuras, equipamientos urbanos y fortalecimiento de las capacidades institucionales en áreas de atención a las mujeres víctimas de violencia.
Las ciudadanas de la capital no podemos dejar que el Estado y sus estructuras de gobierno inviertan en promedio, por año, 4,179 pesos para mantenimiento de centros de apoyo comunitario, 8,584 pesos por escuela pública o 13 pesos anuales para tener una luminaria funcionando en la calle y sentirnos más seguras. ¿A costa de qué se sacrifican las inversiones para garantizarnos el Derecho a la Ciudad establecido en la Constitución local?
Conforme a la CEPAL, a raíz de la pandemia, las ciudades latinoamericanas han sufrido un retroceso de 10 años en la participación laboral femenina. La Ciudad de México no es la excepción. En un contexto en donde solo el 27% de la propiedad de vivienda pertenece a las mujeres y en el cual han fallecido por COVID-19 el 32.79% de cuidadoras en los hogares, la actividad legislativa en el Congreso de la capital deberá enfocarse a enfrentar los daños de una devastación física y emocional que nadie esperaba y construir un piso del cual podamos partir a una “Nueva Normalidad“ en donde prevalezca el conocimiento de nuestras necesidades.
En los primeros tres años del actual gobierno capitalino también ha habido fallas en el abordaje de la violencia doméstica, la violencia en el espacio público y la violencia feminicida. Las respuestas han sido parciales y emergentes, sin seguimiento en el tiempo de planes y programas hechos “al vapor” como son “El Plan Estratégico de Género y Movilidad” de la Secretaría de Movilidad o “El Plan de Acción Inmediata de Atención a la Violencia contra las Mujeres” que surgió como respuesta a la marcha del 16 de agosto del 2019 convocada por colectivos feministas ante el caso de una presunta violación de una joven en Azcapotzalco por parte de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De los resultados de estos planes no supimos nada después de reuniones con autoridades. La pandemia los anuló y quedaron en el olvido.
Subestimar la voz y el voto de las mujeres tiene altos costos sociales. La nueva configuración política que habrá en la capital no implica un dominio de una sola fuerza de perfil “conservador”. Es un saludable regreso a la pluralidad, a la ciudad de los actores diversos y, como dice Joan Subirats, a la coproducción de las políticas urbanas.
Texto y fotografía: Carmen Contreras
Directora de Perspectivas de IG y Consultora en Desarrollo Urbano con Perspectiva de Género
