Por José Alfonso Iracheta*
Después de la publicación de la Política Nacional de Suelo (PNS) en 2020, y tras recorrer un camino sinuoso, con muchos obstáculos y momentos de incertidumbre; por fin 2023 es el año en que veremos los primeros resultados tangibles de la implementación de una de las vertientes de la PNS, con el primer gran proyecto de gestión del suelo en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora. Más que hablar del proyecto, quiero hablar de lo que ha implicado llegar a este punto, pero, sobre todo, quiero hablar de las perspectivas que tenemos en el corto plazo, y hacia el cierre de la administración en 2024.
Tengo que iniciar dando un breve contexto. La extinta Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) tenía como mandato único lo contenido en su propio nombre. En 2016, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), nació para continuar el mandato de la CORETT, pero sobre todo para entender y abordar la problemática del suelo, sobre todo urbano, y establecer una política pública que atendiera las causas de la irregularidad y del crecimiento desordenado de las ciudades, y no solamente sus consecuencias, evidentes en la emergencia de los asentamientos irregulares.
En la ruta para esta reingeniería institucional, enfrentamos muchas limitaciones por falta de capacidades operativas, de presupuesto, o incluso de falta de personal con el perfil adecuado. En realidad, seguimos enfrentando la mayoría de las mismas limitaciones, pero la diferencia es que hemos logrado rediseñar muchos procesos y hemos alcanzado varios hitos programático-presupuestales, que nos han permitido transitar de la discusión y diseño de la política pública a su implementación. En primer término, logramos iniciar los estudios de pre-inversión para la posterior ejecución del mencionado proyecto de gestión del suelo en Sonora, como un primer ejercicio de muchos que ya están en proceso de realización.
A primera vista, lo anterior parecería reflejar avances tímidos en el quehacer institucional; sin embargo, en realidad, implica una transformación profunda del Instituto, desde su visión y el rol que juega en la realidad nacional, hasta los medios y mecanismos que utilizamos para implementar las políticas públicas que nos rigen. Más aun, implican un reconocimiento de las limitaciones históricas que han tenido las políticas urbanas, territoriales y ambientales; así como de los retos que estamos atendiendo, con el objeto de constituirnos de forma inequívoca como el organismo federal encargado de la gestión del suelo, y uno de los principales brazos operativos de la SEDATU para la implementación de las políticas territoriales y urbanas.
Ahora bien, nos tenemos que preguntar: ¿qué implican estos avances para el futuro de corto y mediano plazo? Lo primero es que, el arranque del primer proyecto resuelve varios procesos institucionales programático-presupuestales; pero, sobre todo, abre la puerta a otros proyectos con características similares que podrán ponerse en práctica en un período de tiempo sustancialmente menor. Una vez construido el andamiaje institucional, lo vamos a utilizar para soportar los demás proyectos que vienen. Más aún, esta construcción no ha ocurrido de forma aislada, sino que ha ocurrido en coordinación con otros actores, incluyendo a diversas instancias del gobierno federal, además de gobiernos estatales y municipales, organizaciones y cámaras de profesionales, organizaciones de la sociedad civil y con múltiples organizaciones de la iniciativa privada. Aquí quiero resaltar que se ha generado un interés por ver los resultados del proyecto, pero mas importante aun, por replicarlo en otros territorios y otros contextos.
Y justamente ese es uno de los objetivos de la ejecución de este gran proyecto insignia: que sirva para establecer las bases de un modelo diferente de gestión y ocupación del territorio, con mejores cualidades y oportunidades para quien decida vivir ahí; con características financieras y organizativas que le dan viabilidad de largo plazo; y con mecanismos de implementación flexibles, que permitirían evaluar, fortalecer e incluso replantear el propio modelo. Además, se podría replicar en todos los diferentes contextos de la realidad nacional, considerando los diferentes regímenes de propiedad del suelo, y reconociendo las características sociales, culturales, ambientales, económicas, geográficas y climáticas.
Por lo anterior, es que tengo buenas perspectivas para 2023, que será cuando empecemos a cosechar cuatro años de construcción de capacidades. Pero también porque será un año para revisar y hacer una autocrítica sobre lo que se hizo bien, pero también sobre lo que se hizo mal, y lo que se puede mejorar. Es claro que una gran política como lo que hemos planteado desde el INSUS rebasa los tiempos políticos de cualquier administración, de modo que es crítico concluir con uno o varios proyectos que sirvan como ejemplos demostrativos, y dejar establecidas las capacidades y estrategias institucionales, de modo que puedan mantenerse operando con los cambios en los liderazgos. Y ahí es en donde nos estamos concentrando, no en abarcar mucho, sino en consolidar los avances. La siguiente etapa, necesariamente requerirá transitar hacia las instituciones locales responsables de la gestión del territorio, del desarrollo urbano y la vivienda. Pero para que esto ocurra, necesitamos mostrar claramente el qué, cómo, cuándo y dónde; de modo que quien continúe este esfuerzo, ya sea desde la federación o los gobiernos locales, tenga elementos suficientes para avanzar en la consolidación de la Política Nacional de Suelo.
*José Alfonso Iracheta Carroll
Director General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus)
