Por Carmen Contreras*
Regresamos a la “Nueva Normalidad” en semáforo verde en la Ciudad de México y con ello regresará también la saturación del transporte masivo cuya ocupación descendió por la pausa en las actividades económicas, educativas, culturales y recreativas en espacios cerrados.
En los días del encierro, la violencia contra las mujeres en los traslados en el transporte y en la calle se transformó en violencia doméstica dentro de las viviendas. Es decir, el problema no se creó ni se destruyó, solamente cambió de escenario.
La violencia contra las mujeres en el transporte y en la calle tomará una nueva dimensión en la discusión pública después del confinamiento y de la tragedia de la Línea 12, ya que ahora hay más atención en lo que ocurre en la gestión y operación de los sistemas de gran capacidad como el Metro y el Metrobús.
Nuestro concepto de “seguridad” también cambiará. Desde ahora, al comportamiento defensivo por la violencia sexual, – que siempre nos acecha en el transporte masivo -, se suma la incertidumbre de llegar a nuestro destino a tiempo y bien.
Con las imágenes-espejo de la tragedia en la estación Olivos, el pensamiento de que pudimos ser cualquiera de nosotras se comprende y se comparte en lo colectivo. El Gobierno de la Ciudad de México y el nuevo Congreso tendrán que responder a nuevas exigencias y estándares de calidad de las mujeres que utilizamos el Metro y el Metrobús.
Las autoridades locales deberán caminar hacia una planeación de la movilidad abierta a la participación de las mujeres. ¿Qué significa esto? Que la ciudad y sus sistemas de transporte deben estar planificados no como espacios neutros, sino como producto de la observación de las diferencias, de identidad, de clase y de género.
Por ejemplo, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso de la Ciudad de México deberán fortalecer la aplicación del marco jurídico local, nacional e internacional de la planeación con perspectiva de género y cumplir con las obligaciones de producir estadísticas básicas del reparto modal desglosadas en datos sobre hombres y mujeres, usuarios y usuarias; involucrarnos en el diseño de medidas para combatir la violencia en espacios públicos en las colonias así como proveernos de servicios e infraestructura que faciliten nuestros traslados de los barrios hacia las paradas de autobuses RTP, Metro, Metrobús y Centros de Transferencia Modal (CETRAM).
Cuando se comenzó a hablar del Derecho de las Mujeres a la Ciudad, el análisis de la violencia que nos afecta dejó de circunscribirse al espacio doméstico. Fue a partir de la presencia de las mujeres en los trabajos informales y en las calles que se comenzó a hablar de la violencia que ocurría en los espacios públicos y en los trayectos que hacemos desde nuestras casas a diversos puntos.
Durante la pandemia hemos observado que la violencia y los riesgos para la salud afectan con mayor intensidad y frecuencia a las mujeres que recorren más distancias y con pocas opciones para hacerlo, ya sea por falta de transportes confiables o accesibles en el territorio y en tarifas.
Sin desatender la violencia en el encierro, las instituciones públicas y privadas deberán regresar la mirada a lo que pasa en los patrones de movilidad y formar estrategias concertadas que implican una distribución diferente del tiempo de trabajo dentro y fuera de casa y de los servicios que requiere un hogar. Deberán también ofrecer opciones seguras de transporte considerando los riesgos en la salud todavía latentes, sujetos a la estrategia de vacunación.
En los últimos cinco años la tecnología hizo posible que se dieran a conocer con mas frecuencia y con mayor alcance los hechos violentos contra las mujeres en el transporte en la Ciudad de México en tiempo real generando discusiones para señalar la importancia del problema.
Por otra parte, en más de un año de COVID-19, hemos visto que la tecnología también ha servido para establecer redes de cuidado entre las mujeres que tenemos a nuestro cargo la estabilidad económica y emocional de una familia y encontrar opciones para desplazarnos por la ciudad para encontrar un centro de salud y ahora, llevar a familiares a los módulos de vacunación.
Esta autogestión nos ha llevado a cargar un doble peso para afrontar la inseguridad y el riesgo en nuestros desplazamientos por la Ciudad de México. Ahora esperamos respuestas institucionales a lo que hemos estado sobrellevando con los recursos a nuestro alcance.
Las políticas públicas y la planeación ya no pueden excluir nuestras demandas y hacer caso omiso sobre lo que señalamos en la calidad del transporte público: la necesidad de estrategias para una movilidad segura en la pandemia, la urgente transparencia sobre lo que se gasta en mejorar los transportes y sobre cómo se toman las decisiones de las inversiones en infraestructura.
Texto y fotografía: Carmen Contreras
*Directora de Perspectivas de IG y Consultora en Desarrollo Urbano con Perspectiva de Género
