Por Horacio Urbano*
Los reportes trimestrales de las viviendera públicas son todo un manifiesto de lo que pasa en el sector…
Si bien hay crecimiento, en algunos casos de doble dígito, esto se logra vendiendo menos casas, pero de mayor valor, al grado que en apenas dos años el ticket promedio por vivienda vendida de alguna de esas empresas pasó de poco más de 500,000, a cerca de 900,000 pesos, permitiendo mantener el apetito de los inversionistas, reducir los cada vez mayores riesgos que implica la producción de vivienda social, compensar las marcadas alzas de insumos fundamentales -como cemento o acero-, e incrementar los márgenes.
Esto no es diferente a lo que pasa en el mercado del crédito hipotecario, en que tanto bancos privados, como organismos nacionales de vivienda, han superado las metas de colocación, aunque para lograr esto han tenido que otorgar menos créditos, pero de mayor monto… O buena parte de esos créditos no hayan sido para adquisición de una vivienda nueva o usada.
En el caso de los organismos nacionales de vivienda destaca el éxito de programas como Unamos Créditos, en que dos trabajadores juntan sus montos aprobados para comprar una vivienda… Esto es, se originan dos créditos, pero solo solo se compra una vivienda… O dicho de otra forma, ante la falta de oferta de viviendas económica, dos trabajadores se vieron forzados a unir créditos para que les alcanzara para comprar una vivienda.
Los números revelan que el sector vivienda va muy bien… Pero la Política de Vivienda no tanto.
Y es que a pesar de los esfuerzos que giran en torno a la Política Nacional de Vivienda, no se acaban de conformar condiciones propicias para atender a quienes tendrían que ser la prioridad de la misma; los más pobres.
A pesar de los esfuerzos de la Sedatu y los organismos nacionales de vivienda, no se ha logrado cumplir el objetivo de elevar el alcance de los programas de gobierno debido fundamentalmente a cuatro factores;
- La falta de oferta de vivienda dirigida a los segmentos de menores ingresos,
- La falta de programas públicos que permitan atender a quienes participan en la economía informal y/o no son derechohabientes de Infonavit o Fovissste,
- La falta de condiciones y estrategias encaminadas a detonar un poderoso programa de vivienda en renta, y
- La falta de subsidios (de todo tipo) destinados a compensar las debilidades económicas de los grupos más vulnerables.
Cada uno de estos cuatro temas da para muchísimo análisis, pero baste decir que la falta de oferta se debe fundamentalmente a deficiencias regulatorias en materia de planeación urbana que se registran en el ámbito municipal, la falta de crédito para los célebres “No Afiliados” es asunto que compete a la Secretaría de Hacienda, la falta de programas de vivienda en renta va ligado a políticas y regulaciones también del ámbito municipal, en tanto que con el complejo tema de los subsidios habría que mencionar presupuestos, ajustes legislativos y acciones de los tres ordenes de gobierno, que incluyen simplificación administrativa, servicios públicos e infraestructuras y uso eficiente del suelo público.
Son todos temas urgentes de atender para evitar que los buenos resultados de los números contrasten con lo que viven los grupos que más necesitan ser incluidos e impulsados con las políticas de vivienda.
Urge tomar acciones para lograr que, como se ha prometido, nadie se quede atrás.
Horacio Urbano*
Presidente de Centro Urbano
