Por Román Meyer Falcón*
Hoy culmina otra edición de Octubre urbano, mediante la cual la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un nuevo llamado a reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades que presenta la creciente urbanización en todo el mundo.
Como cada año desde 2016, la iniciativa cierra con la conmemoración del Día Mundial de las Ciudades. Y en esta ocasión el tema central es “financiando un futuro urbano sostenible para todas las personas”, con el cual la ONU busca detonar discusiones sobre cómo los gobiernos locales, sobre todo de países en desarrollo, pueden hacer las inversiones en infraestructura que requieren para lograr proveer servicios básicos a poblaciones y áreas urbanas cada vez más grandes.
En específico, desde el seno del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, mejor conocido como ONU-Hábitat, se ha propuesto considerar que si bien los proyectos de infraestructura requieren montos muy altos de inversión, en los mercados financieros hay suficiente disponibilidad de capital para solucionar las necesidades de recursos que requieren las ciudades a nivel global.
En ese sentido, la discusión se ha dirigido a preguntarnos por qué si en el mundo hay suficiente dinero en el sector privado —el cual podría prestarse al sector público o invertirse de manera conjunta en esquemas como las Asociaciones Público Privadas (APPs)—, los gobiernos locales no suelen tener acceso a esas fuentes de financiamiento. Una de las respuestas, de acuerdo con lo que señala la ONU, es que muchas veces los gobiernos locales carecen de recursos y de las capacidades institucionales y técnicas necesarias para llevar a cabo los procesos de planeación y viabilidad que solicitan las instituciones financieras.
Así pues, quiero señalar una idea que indudablemente se relaciona con esta problemática: la necesidad de que las autoridades locales, pero sobre todo las municipales —que tienen facultades directas sobre temas fundamentales de gestión del territorio, como los usos de suelo y la movilidad—, prioricen y se tomen muy en serio la planeación territorial como un asunto de vital importancia para su resiliencia y sostenibilidad.
La lógica, a grandes rasgos, es la siguiente: las instituciones que otorgan financiamiento a nivel mundial deciden prestar y/o invertir considerando los riesgos que puede haber en un lugar determinado. A menores riesgos, en principio, son mejores las posibilidades de obtener buenos retornos de inversión. Por consiguiente, si un gobierno local ha hecho un esfuerzo por planear y ordenar su entorno, es posible suponer que habrá menores riesgos asociados a la certeza jurídica en la tenencia de la tierra y de los inmuebles, a los tiempos y costos en el traslado de personas y mercancías, a posibles conflictos sociales y ambientales, a la proveeduría de servicios de agua y energía, entre otras variables.
Pero, además, los procesos de planeación a menudo suponen que los gobiernos locales identifiquen y prioricen necesidades de infraestructura en sus áreas urbanas y, además, que recopilen datos y realicen análisis para respaldarlas. Todo ello contribuye a la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos y, por consiguiente, transmite confianza, lo que puede atraer mayor interés de inversiones tanto públicas como privadas.
Por todo lo anterior, cabe mencionar que en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de este gobierno hemos tomado la planeación de todo el territorio como una política de Estado, fundamental para el interés nacional. Por eso tenemos la meta de terminar el sexenio con más de 350 planes y programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, ya sea creados desde cero o actualizados.
Pero más allá del esfuerzo a nivel federal, cabe hacer un llamado a que los gobiernos de los estados y municipios implementen lo estipulado en los instrumentos normativos. De nada servirá tener documentos que sean letra muerta. Más aún, es importante dejar en claro que a nivel local también es necesario invertir en desarrollar planes y programas, lo cual no tiene que significar altos costos. La idea es tener documentos claros y sencillos, no de 400 o 600 páginas, que se logren en pocos meses a precios accesibles, para poder ponerlos en acción lo antes posible.
Así pues, los gobiernos podrían optimizar los recursos humanos y presupuestarios para realizar las tareas de planeación. La tarea es compleja, pero alcanzable y, sobre todo, urgente para asegurar que el rápido crecimiento de nuestras ciudades pueda derivar en procesos positivos en favor de la sostenibilidad ambiental y social y no en más problemas que los que ya enfrentamos.
*Román Meyer Falcón
Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)
