A pesar de garantías constitucionales, millones de mexicanos carecen de recursos suficientes, enfrentando condiciones habitacionales precarias y limitaciones en acceso a créditos
Por Nallely Campos*
En México, un dicho popular sostiene que «querer es poder»; sin embargo, la realidad actual revela que la adquisición de una vivienda propia se ha convertido en un desafío cada vez más inalcanzable para las nuevas generaciones.
Y es que, si bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4° que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”, cifras publicadas por el Gobierno Federal, muestran que el país enfrenta un déficit habitacional de más de nueve millones de viviendas.
Es decir, una cuarta parte de la población total de México enfrenta algún tipo de riesgo en su habitabilidad, como deslaves o hacinamiento. Las áreas rurales concentran el 45% de las viviendas en rezago, las urbanas el 37.5%, y las zonas en transición el 17%.
Por ello, en los últimos años, una de las principales preocupaciones para las nuevas generaciones ha sido la posibilidad de adquirir una vivienda propia, un sueño que en la mayoría de los casos ha quedado en suspenso y no ha pasado de ser solo un anhelo.
Falta de recursos económicos
En 2021, Hábitat para la Humanidad (un centro de estudios de la ONU), informó que en México había 14 millones de familias que carecían de los medios económicos necesarios para comprar o construir una casa debido a que los ingresos de 60.6 millones de connacionales eran inferiores a la línea de bienestar. Este dato se dedujo de los estudios de campo del Inegi y Coneval.
La carencia en vivienda no solo se ven en la falta de acceso a ella, sino en las condiciones en las que muchas familias viven. Por ejemplo, 15.9 millones de personas habitan un hogar con piso de tierra, techos de lámina o cartón, o incluso de palma.
Aunado a ello, en México, la mayoría de los trabajadores labora en la informalidad y carece de vías de acceso para adquirir una vivienda formal, porque no tiene salarios fijos, afiliación al Infonavit y tampoco puede cubrir los requisitos para obtener un crédito hipotecario en un banco comercial.
Como resultado, muchos jóvenes se ven obligados a optar por rentas a largo plazo o compartir gastos con compañeros de cuarto, una práctica cada vez más común que, en algunos casos, resulta más costosa que adquirir una vivienda propia.
¿Hay esperanza?
A pesar de este panorama desalentador, existen algunas alternativas a las que los jóvenes pueden recurrir, como mejorar su educación financiera y explorar opciones de inversión accesibles. Hugo Blum, fundador y CEO de 100 Ladrillos, señala la importancia de informarse y seleccionar plataformas de inversión seguras y legalmente respaldadas para evitar malas experiencias y construir confianza en los nuevos inversionistas.
En otros países con contextos socioeconómicos similares, se han implementado estrategias exitosas para abordar la crisis de vivienda juvenil. Por ejemplo, programas como «Minha Casa Minha Vida» en Brasil ofrecen subsidios y financiamiento accesible, mientras que en Colombia el Programa de Vivienda de Interés Social (VIS) proporciona subsidios directos y créditos hipotecarios accesibles.
En Chile, el Fondo Solidario de Elección de Vivienda y el Bono Familiar Habitacional en Perú también ofrecen soluciones flexibles y orientadas a familias jóvenes, demostrando que es posible adoptar enfoques integrales y colaborativos para resolver el desafío de la vivienda.
En resumen, la crisis de vivienda en México es un problema complejo que requiere políticas integrales y acciones coordinadas entre el sector público y privado. Mejorar el acceso a viviendas dignas no solo beneficiará a las generaciones actuales, sino que también sentará las bases para un desarrollo urbano sostenible y equitativo en el futuro.
