Toca dar la mayor visibilidad a un problema fundamental en camino de atender el rezago habitacional; dar respuesta a los retos del Infonavit y sus viviendas abandonadas
Por Horacio Urbano
La semana pasada se hicieron vírales notas que recogían parte de lo que el director del Infonavit, Octavio Romero, dijo durante su presentación de avances en la conferencia mañanera del lunes 16 de junio, cuando habló de viviendas abandonadas invadidas y de la posibilidad de otorgar facilidades y créditos para que quienes las invadieron puedan comprarlas.
Ese comentario provocó un tsunami traducido en tres olas y un contexto marcado por información insuficiente y difícil de entender.
La primera ola en medios y opinión pública señalaba que era un atentado a la propiedad privada porque ahora cualquier casa podía ser invadida y el invasor sería premiado por el Infonavit con facilidades para comprar esa casa.
Pero no… Por ahí no venía la cosa, porque lo dicho por Romero estaba lejos de referirse al total de las más de 36 millones de viviendas que existen en el país.
La segunda ola decía que quienes estaban en riesgo eran todos los derechohabientes del Infonavit que habían comprado una casa con un crédito del Instituto, y que ahora estarían en peligro de que su casa fuera invadida y vendida al invasor.
Pero no… Esto tampoco era así, tampoco estaban en peligro ninguno de los más de 13 millones de trabajadores que en los 53 años de vida del Instituto tomaron un crédito del organismo para comprar su vivienda.
Ya la tercera ola era más específica, y precisaba que lo dicho en la mañanera se refería muy particularmente a las viviendas financiadas originalmente por el Infonavit, que eventualmente fueron abandonadas y, después de un proceso legal, acabaron siendo recuperadas por el Instituto.
Es decir, la polémica declaración no suponía riesgo para ninguna persona propietaria de una vivienda, y sólo tenía que ver con aquellas viviendas que por la vía de la recuperación de un crédito no pagado, ya son propiedad del Infonavit.
¿Esto tendría que acabar con la polémica levantada por Octavio Romero? No, lo que tendría que provocar es un análisis a fondo, y debidamente socializado, sobre las viviendas abandonadas, su recuperación, y, lo que debiera ser lo más importante, lo que habría qué hacer con ellas.
Sirva el tsunami para detonar un proceso que permita entender en toda su extensión uno de los grandes retos del Infonavit; sus viviendas abandonadas.
Sirva el tsunami para entender y vincular el deber ser con la realidad, y con aspectos legales y éticos.
Empecemos por reconocer que el Infonavit es una institución financiera.
Va de nuevo: una institución fi-nan-cie-ra.
Una institución financiera privada…
A ver.., Repitan conmigo: pri=va-da.
Una institución financiera privada que no opera con recursos públicos, que existe y se nutre con recursos que aportan los trabajadores del sector privado y sus patrones, y que tiene como objetivo cumplir un doble mandato: otorgar créditos para vivienda y administrar recursos para el retiro de sus derechohabientes.
Doble mandato complejo, difícil de cumplir en forma equilibrada y en apariencia contradictorio, porque implica otorgar créditos baratos, al mismo tiempo que se generan los mejores rendimientos posibles al fondo con que se otorgan esos créditos baratos.
Una institución financiera privada con un sistema de gobierno, que si bien tiene como cabeza al director general del Instituto, responde a un modelo tripartita en que participan y toman decisiones los dueños del fondo, los trabajadores, al lado de sus patrones y el gobierno.
Una institución financiera que, al igual que cualquier otra institución financiera que tenga como razón de ser otorgar créditos, tiene la obligación, incluso ante la ley, y al margen de toda subjetividad, de cobrarlos, a fin de hacer sostenible su operación y de evitar quebrantos a sus fondeadores, más aún si estos fondeadores son trabajadores ahorradores.
Dilemas morales… Sí… Claro.
Empecemos por decir que la bandera del Derecho a la Vivienda puede explicar la invasión, pero no la justifica.
Sin rollos de por medio; sin importar la causa, la invasión de una vivienda es un delito.
No podemos normalizar y avalar la ilegalidad, ni asumir que se vale hacerse justicia por propia mano, dando solución a un personal reto habitacional por la vía de un delito; el despojo.
El discurso oficial también tiene que pasar por la báscula… Reconocer que decir que nadie será desalojado implica asumir que se vale que alguien decida no pagar su renta o su hipoteca y que hacerlo no tenga consecuencias para el infractor, pero sí para el propietario de la vivienda arrendada o para quien otorga el crédito.
Porque desalojo es cuando se saca de la vivienda a una familia vulnerable que no puede pagar su renta o su hipoteca, pero que ocupa esa vivienda en forma legal… Pero cuando se trata de una invasión, no se puede hablar de desalojo, sino de recuperación.
Recuperación de propiedad privada… Porque jamás un invasor podría decir que al recuperar la vivienda que invadió, se atenta contra la propiedad privada.
Re-cu-pe-ra-ción…
Reconocer que esto eleva el riesgo para quien renta u otorga un crédito y que esto puede debilitar y encarecer la oferta de viviendas y créditos.
Tampoco abona al debate decir que se respeta la propiedad privada, si al mismo tiempo se contempla la posibilidad de premiar con viviendas con precios a valor libros, créditos o prioridad en las listas de demanda, a quien comete despojo al invadir una vivienda.
Puede sonar bien… Pero hay que reconocer el impacto ético, legal, social y financiero de las palabras.
Toca al Infonavit salir a decir que entre sus grandes retos destaca el de atender el problema de las viviendas abandonadas, cuyo número estiman superior a 800,000, y que en el proceso de hacerlo se encuentran con un problema aún mayor, y que es que buena parte de esas viviendas están invadidas o vandalizabas.
Toca decir que hay un deber ser… Una realidad… Y la necesidad de un proyecto que brinde una solución.
El deber ser; que el Instituto debiera contar con esas viviendas abandonadas para recuperarlas y con ellas diseñar programas que permitan ofrecerlas a determinadas audiencias en comodato, renta o venta.
La canija realidad; no puede hacerlo porque están invadidas o severamente vandalizadas.
La necesidad de un proyecto que brinde una solución; sin perder de vista los objetivos del deber ser, plantear una respuesta integral que contemple todas las vertientes que definen el contexto de las viviendas abandonadas e invadidas, lo que significa segmentar la naturaleza de la ocupación, y generar acciones para cada una de ellas.
Y esto implica generar un catálogo de opciones que de entrada permitan recuperar el mayor número de viviendas posibles para hecho esto poder usarlas sin la barrera de la invasión, para después de eso diferenciar naturaleza de cada invasor para entender si se trata de personas que requieren apoyos para su rezago habitacional o de mafias que hay que combatir.
Toca dar la mayor visibilidad a un problema fundamental en camino de atender el rezago habitacional; dar respuesta a los retos del Infonavit y sus viviendas abandonadas.
No hay que patear el bote, hay que aprovechar el tsunami para entrar de lleno a este debate.
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