Por Assenet Lavalle*
Vivimos los días cercanos al Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo o mejor conocido en las redes como el #8M. Toca, entonces, hablar de mujeres y vivienda. Existen estudios muy recientes realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre las brechas de género en el acceso al mercado hipotecario. Por un lado, todo indica que las mujeres valoramos la tenencia de la vivienda, ya que la asociamos a estabilidad e independencia económica y al bienestar del hogar. Sin embargo, con frecuencia las mujeres enfrentamos obstáculos y formas de discriminación, abiertas y veladas, que nos dificultan el acceso a los créditos de vivienda (https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/existen-brechas-de-genero-en-el-acceso-a-credito-para-vivienda/).
Estos obstáculos pueden ser los menores ingresos de los hogares con jefatura femenina, debido a la brecha salarial en los mercados formales: por ejemplo, en Ecuador, las mujeres perciben 20% menos que los hombres a igual trabajo y capacitación, así como una menor participación en los empleos formales (32,5% frente al 46,5% de los hombres). Además, las jefas de hogar cuentan con menos tiempo disponible para trabajos remunerados, puesto que dedican mayor tiempo al cuidado de los miembros del hogar. A su vez, las mujeres cuentan con baja educación financiera (aunque una mayor cultura del ahorro), que aunada a los estereotipos de género que desvalorizan sus capacidades en este ámbito, limitan aún más su participación en los mercados de crédito para vivienda.
El mismo BID señala que harían falta 60 años para cerrar la brecha económica entre mujeres y hombres en América Latina y el Caribe. No se trata solo de condiciones económicas sino también de discriminación. En algunas indagaciones del propio BID, se encontró que los ejecutivos encargados de aprobar los créditos de vivienda en la región colocan más créditos en hombres y menos en mujeres, sin tener aún una justificación plena para ello (https://www.youtube.com/watch?v=tqwOkgrjBWI). Discriminación velada.
Pero atender estas desigualdades no es exclusivamente un tema de justicia social, representa también una importante oportunidad de negocio. Por cada dólar invertido en vivienda encabezada por mujeres, se genera un $1.25 (efecto multiplicador de las inversiones en hogares encabezados por mujeres). Las entidades que colocan créditos están dejando ir estas oportunidades sólidas de negocio.
Las mujeres hemos sido desde hace tiempo agentes activas en los mercados informales de las ciudades de América Latina, comprando y vendiendo suelos y edificios, alquilando viviendas, y desarrollando y manteniendo unas muy vivas redes sociales y de capital. En 2009, un tercio de todos los jefes de familia en Venezuela eran mujeres. No obstante, el reconocimiento legal de los derechos de las mujeres al suelo es frecuentemente un desafío, ya que los sistemas legales tradicionales han considerado que el hombre es el jefe de familia, y por lo tanto suponen que es el hombre quien controla los derechos de propiedad (Fernandes, 2011).
Algunos datos demoledores: el suelo titulado únicamente a mujeres (sin copropiedad con hombres) es de solo 2% (BID, 2020). Las recomendaciones para mejorar las políticas de regularización del suelo y la vivienda tienen que lograr la participación tanto de hombres como de mujeres, para evitar el desequilibrio de género en el proceso, y para aumentar su efectividad a largo plazo.
Si bien las mujeres tienden a permanecer en el lugar con los hijos, los sistemas legales no siempre las protegen. En algunos casos, aun cuando las mujeres puedan poseer su terreno legalmente, las costumbres patriarcales a veces les impiden tomar decisiones sobre su uso. El reconocimiento de un estatus legal igualitario de las mujeres con respecto al suelo y los derechos de propiedad es un objetivo importante, independientemente de la naturaleza legal de la pareja. Progresivamente, las decisiones judiciales han fortalecido los derechos de las mujeres al suelo, como por ejemplo cancelando el título de un hombre cuando la separación se debe a violencia doméstica.
“Pero todavía hay mucho camino por recorrer. Después del terremoto de 2007 en Perú, el gobierno ignoró la tradición de décadas de reconocer el estatus igualitario de las mujeres con respecto al derecho al suelo al ofrecer ayuda financiera por la reconstrucción de casas solamente a los hombres, que eran considerados oficialmente los jefes de familia, e incluso en algunos casos a exmaridos. Por otra parte, se ha reportado que hay mujeres que han solicitado que se quite su nombre del título, por ejemplo, en México, porque temían represalias por parte de sus maridos abusivos o por cualquier otra forma de discriminación cultural” (Fernandes, 2011).
¿Qué hacer? Necesitamos acciones de gobierno con auténtico enfoque de género; emprendimientos (startups) y cooperativas específicos para hacer llegar los créditos a las mujeres, incentivos dirigidos y aún hace falta generar más datos por género, para diseñar políticas efectivas.
