Por Carmen Contreras*
Cuando se formuló la Constitución de la Ciudad de México se incorporaron ideas de las organizaciones sociales que promueven y exigen la tutela de los Derechos Humanos para la población Lésbica, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual, Queer (LGBTTTIQ+). Estas ideas colocaron a la Ciudad de México en un avanzado marco jurídico para erradicar la violencia y discriminación de toda persona reconociendo la diversidad en la igualdad en derechos.
Ese paso hacia una ciudad diversa tuvo sus antecedentes en la Ley de Sociedades de Convivencia del 2006, la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal que entró en vigor en el 2007 y el Decreto que estableció el 17 de mayo como “Día de Lucha contra la Homofobia” en el entonces Distrito Federal. De igual forma, las modificaciones al Código Civil de la capital para reconocer y proteger las uniones entre personas del mismo sexo, las reformas sobre el Juicio Especial de Reasignación por Concordancia Sexogenérica del año 2008, representaron un alivio para quienes quedaban desprotegidas, desde lo elemental como es tener un documento para identificarse, hasta contar con seguro social.
Quizá para usted y para mi estos avances están fuera de nuestra comprensión por encontrarnos dentro del “parámetro socialmente aceptado” de vernos y conducirnos como personas heterosexuales y porque las leyes y las políticas públicas se hacen de manera estandarizada sin pensar que la identidad sexo-genérica no es una línea plana, sin variaciones y continua para las personas a lo largo de su vida y que no cumplir con los perfiles tajantes puede limitar el acceso a derechos cuando la cultura, la educación, los valores no nos están preparando para comprender, aprender y aprehender la diversidad como un bien público.
Si hay algo que caracteriza a las ciudades en los procesos de metropolización y globalización es que ya no se les puede concebir bajo parámetros binarios e inamovibles: campo-ciudad, público-privado, mujeres y hombres “con sexo biológico”, como si solo fuéramos “Biología” y no “Sociedad”.
La ciudad diversa como aspiración y bien público implica trascender lo escrito en la leyes y bajarlo al terreno de la aplicación para derribar prejuicios, ignorancia, temores infundados, paranoias colectivas y de conspiración como el “borrado de mujeres”.
En el caso de la Ciudad de México algunos instrumentos de política pública que fueron desarrollados antes y después de la Constitución local han sido de gran utilidad para evaluar los alcances del contenido de las leyes. Me refiero a la inclusión del Capítulo 25 en el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México que se refiere específicamente a la población LGBTTTIQ+ mediante el cual las instituciones gubernamentales, diseñaban, implementaban y evaluaban acciones dentro de una red de actores gubernamentales y sociales para proteger derechos. Esta clase de experiencias deben ser impulsadas con mayores recursos, no solo financieros. También hace falta sumar a personas y organizaciones que cuentan con experiencia de implementación.
De esta forma, instrumentos como el Protocolo de Actuación para la Atención a las Personas LGBTTTIQ+ de la Fiscalía General de la Ciudad de México tendría un mejor monitoreo sobre su adecuada aplicación. Cerrándose a la evaluación de las organizaciones sociales, el gobierno capitalino pierde una valiosa oportunidad de mejorar.
A la par de los instrumentos jurídicos y de política pública, los espacios de comunicación gubernamentales de la Ciudad de México están obligados a promover información veraz, científica y oportuna sobre la situación en la que se encuentra el acceso y ejercicio de los derechos de las personas LGBTTTIQ+ y, por ser de interés público, promover la formación del valor de la No Discriminación en la elección de los actores que dialogan con la sociedad, el uso correcto del lenguaje, los mensajes para quienes no están familiarizados con los temas y las opciones institucionales para erradicar, prevenir, atender y sancionar las violencias contra las personas LGBTTTIQ+.
De ninguna manera el interés superior de los medios de comunicación gubernamentales es aumentar sus audiencias a costa de fomentar la violencia, los discursos de odio y las noticias falsas. Es una lógica distinta a la que guía a los medios comerciales de comunicación. No obstante, los medios privados también cuentan con obligaciones en la garantía de los derechos.
Por último, todas las acciones, programas y políticas públicas para estas poblaciones implican una responsabilidad compartida por el Derecho a la Ciudad. Como ciudadana o ciudadano, nuestra contribución a una ciudad diversa implica sensibilidad, en primera instancia. En segundo lugar, conocimiento sobre el marco de los Derechos Humanos para no trivializarlos o despojarlos de su contenido. En tercer lugar, la capacidad de exigir que los espacios y plazas públicas sean seguros para todas las personas, que los servicios se otorguen fuera de prejuicios personales y que los mecanismos de justicia sean eficientes.
*Directora de Perspectivas de IG y Consultora en Desarrollo Urbano con Perspectiva de Género
