El viernes amanecimos con la noticia de que en la madrugada se había aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017… Y si bien se aprobó con algunas –pocas- reasignaciones-, la partida de subsidio a la vivienda quedó justo como venía en la iniciativa, en 6,500 millones de pesos que representan un recorte de más de 30% respecto a lo asignado este año.
Lo primero que hay que decir es que con este recorte los más afectados no son los empresarios del sector, sino miles de familias que sin el subsidio, o con un menor ticket del mismo, difícilmente podrán comprar una vivienda.
Lo segundo, es que inevitablemente habrá muertos y heridos entre los desarrolladores de vivienda que, siguiendo la pauta de la política pública, participan en un segmento de mercado que depende del subsidio.
Nunca me ha acabado de convencer el subsidio, o al menos no bajo el modelo en que actualmente opera, porque considero que distorsiona el mercado y que, ante la falta de un proyecto multianual que establezca montos por ejercicio, impide a los empresarios del sector planear compra de suelo y producción.
Hoy el problema es que hay una profunda confusión entre objetivos de gobierno y objetivos de empresa…
Al gobierno toca el reto de atender la política social –en este caso de vivienda-, y a los vivienderos toca cumplir objetivos de rentabilidad… Así de fácil.
La vivienda es por naturaleza un sector cuyos ciclos de negocio son de tan largo plazo que resulta absurdo depender de un PEF anunciado hasta noviembre, que define lo que pasará el año siguiente.
Es absurdo… Pero lo que es más absurdo es que la iniciativa privada se deje y siga la pauta que marca este juego perverso.
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