La nueva Ley Antilavado busca evaluar a compradores, validar fuentes de ingreso y reportar operaciones sospechosas. Las multas por incumplimiento pueden alcanzar hasta un millón de pesos
Con la entrada en vigor de la nueva Ley Antilavado el pasado 17 de julio, el sector inmobiliario mexicano entra en una etapa de mayor control y vigilancia. La normativa establece nuevas obligaciones para los asesores y endurece las sanciones en caso de incumplimiento.
Durante el webinar El Impacto de la Nueva Ley Antilavado en el Sector Inmobiliario este 2025, Jorge Rodríguez, Business Development Manager en Regcheq México, explicó que la principal modificación está relacionada con la incorporación de los asesores a la primera línea de prevención. Ahora deberán evaluar a los posibles compradores, integrar expedientes y emitir alertas cuando detecten indicios de riesgo.
“Desde 2012 existían algunas disposiciones, pero eran poco revisadas. Hoy, los brokers comparten responsabilidad con notarios y deberán conocer a fondo a sus clientes, crear expedientes y notificar cualquier indicio de operación sospechosa o irregularidad”, señaló Rodríguez.
Cambios en la Ley Antilavado
Entre las nuevas disposiciones, los asesores deberán validar la identidad de los compradores, verificar su fuente de ingresos y asegurarse de que no figuren en listas de vigilancia. La ley también incorpora la figura del Beneficiario Controlador, que obliga a identificar a la persona que posea o controle al menos 25% de una empresa participante en una operación inmobiliaria.
Otro cambio relevante es la Evaluación Formal de Riesgo, que exige determinar si el cliente representa un nivel de riesgo bajo, medio o alto. Este análisis deberá considerar la forma de pago, el origen de los recursos, la nacionalidad del comprador y su posible exposición política.
Además, los asesores deberán notificar al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en un plazo máximo de 24 horas cuando se detecten operaciones vulnerables o comportamientos sospechosos. También estarán obligados a conservar los expedientes de sus clientes durante al menos diez años y establecer políticas internas, manuales de cumplimiento y programas de capacitación.
Santiago Morales, CEO de MoradaUno, advirtió que el cumplimiento representará un reto operativo para las agencias y profesionales del sector.
“El reto no es solo legal, sino operativo. ¿Cómo cumplir sin detener las ventas? El momento de prepararse es ahora, porque las reglas generales salen en los próximos meses y cuando eso ocurra, la autoridad podrá empezar a revisar con todo”, apuntó.
Las sanciones por incumplir la ley pueden ir desde los 20,000 hasta un millón de pesos, con posibilidad de acumulación por infracciones como no presentar avisos, omitir la identificación del cliente o entregar reportes incompletos.
Rodríguez destacó que el propósito de la reforma no es castigar al gremio, sino fortalecer la cooperación entre el sector y las autoridades. “El objetivo no es convertir a los asesores en policías, sino en aliados de la prevención”.
Para Morales, los cambios deben asumirse como una oportunidad para fortalecer la profesionalización del sector.
“En MoradaUno abrimos estos espacios de diálogo para ofrecer información de valor y desmitificar temas complejos. Es importante no perder de vista que hay multas serias de no acatar las disposiciones, que pueden escalar. La nueva Ley Antilavado ya es una obligación, pero no es para volvernos locos: su implementación es factible y marcará la nueva forma de operar en el sector inmobiliario”, concluyó.
