La Suprema Corte aprueba que el incremento en las rentas no supere la inflación. La ADI se muestra a favor de esta decisión, pero advierte afectaciones en el sector inmobiliario
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el límite al aumento anual de las rentas de vivienda en la Ciudad de México y confirmó que ningún ajuste podrá superar la inflación del año previo.
Ante esta resolución, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) expresó su respaldo al criterio del máximo tribunal y señaló que la medida es congruente con la necesidad de impulsar el acceso a la vivienda en la CDMX.
“La ADI considera razonable dicha medida, pues reconoce la relevancia de impulsar políticas públicas que incentiven el acceso a la vivienda y atiende los desafíos que enfrenta la ciudad en materia de gentrificación. Para la ADI, el aumento racional de precios es una práctica común y correcta de mercado, a la cual el sector se ha suscrito a través de los años”, aseguró.
A través de un posicionamiento, la Asociación sostuvo que el criterio aprobado por la Corte atiende de mejor manera la gentrificación que la propuesta de Ley de Rentas Justas y Asequibles planteada por el gobierno capitalino, por lo que consideró que dicha iniciativa dejaría de ser necesaria.
“Para la ADI, el criterio aprobado por la Suprema Corte atiende de mejor manera el fenómeno de la gentrificación en la Ciudad de México que la propuesta de Ley de Rentas Justas y Asequibles, por lo que considera que esta iniciativa ya no sería necesaria, puesto que medidas como la imposición de controles de precios al arrendamiento, sin políticas paralelas que incrementen la oferta de vivienda, pueden generar efectos adversos para la población, la inversión y, por ende, para el correcto desarrollo urbano y económico de la ciudad”, afirmó.
No obstante, la ADI advirtió que la aplicación simultánea de controles adicionales, en un contexto de oferta limitada, podría generar distorsiones en el mercado inmobiliario. De acuerdo con el organismo, la experiencia internacional muestra que cuando se restringen precios sin ampliar la disponibilidad de unidades, disminuye la inversión privada y la construcción, se reduce la oferta formal y se presiona el mercado no regulado. Además, se debilitan los incentivos para la mejora y el mantenimiento del parque habitacional.
“La ADI advierte que estos mecanismos podrían generar riesgos estructurales importantes como: desincentivar la construcción, la mejora y mantenimiento de viviendas, deteriorando el parque habitacional; la reducción de la oferta disponible de largo plazo por la conversión a renta temporal o la salida del mercado formal; el crecimiento de la informalidad y de esquemas de subarrendamiento no registrados, así como un aumento de litigios y cargas administrativas que implicarían una supervisión estatal constante. Sobre todo, este tipo de medidas no resuelven el déficit estructural de vivienda que enfrenta la capital del país”.
En este contexto, la Asociación subrayó que para mejorar el acceso a la vivienda en la capital se requieren acciones estructurales como fortalecer la planeación urbana, actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial, simplificar trámites y promover una densificación adecuada que incentive el desarrollo habitacional vertical y accesible.
