El convenio entre Fonatur y SEP busca generar acciones conjuntas en materia de desarrollo económico, social y cultural en las inmediaciones del Tren Maya
Hace unos días, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) sostuvo una reunión virtual con la Secretaría de Educación Pública (SEP). El objetivo fue firmar un convenio de colaboración que permita generar acciones conjuntas en materia de desarrollo económico, social y cultural en las comunidades de la región que recorrerá el Tren Maya.
En un comunicado, el Fondo explicó que, en aras de facilitar actividades de tipo académico, capacitación, investigación, innovaciones científicas, tecnológicas, socioeconómicas y culturales, la SEP se comprometió a lo siguiente:
- Incorporar a las comunidades con las Instituciones de Educación Superior (IES).
- Realizar programas de capacitación a alumnos y docentes de las IES.
- Involucrar a los miembros de comunidades en actividades de desarrollo de la infraestructura turística, comercial, cultural, ordenamiento ecológico y territorial.
- Establecer acuerdos sociales y mecanismos de solución de conflictos en materia de uso de suelo que se puedan generar con el proyecto de desarrollo del Tren Maya.
Como contraparte, Fonatur suscribió los siguientes compromisos:
- Contribuir a la planeación, programación, fomento y desarrollo de las habilidades de los habitantes de las comunidades en cuestiones comerciales que beneficiarán directamente en el desarrollo de estas.
- Promover el financiamiento de las inversiones privadas, sociales y locales.
- Consolidar el desarrollo integral y turístico. Se identificarán los diseños urbanos y arquitectónicos de la zona, preservando el equilibrio ecológico y garantizando el desarrollo económico y social de la región.
Cabe añadir que, en aras de garantizar la protección y el respeto al entorno natural y la propiedad de la tierra en esa región del sureste mexicano, Fonatur suscribió también un convenio con la Procuraduría Agraria.
En este acuerdo, refirieron, se busca brindar asesoría jurídica y, de ser necesario, representación legal a los sujetos que así lo requieran “para que se garantice el respeto pleno al entorno natural, las tierras, territorios y patrimonio cultural de los pueblos indígenas”.
