La nueva ley establece mecanismos para homologar y digitalizar los trámites catastrales y registrales en México
Este 24 de octubre de 2026 entró en vigor la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, cuyo objetivo es modernizar los catastros y registros públicos de la propiedad en México, mediante la homologación de procedimientos, la digitalización de servicios y el intercambio de información entre autoridades.
El decreto, publicado el 23 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece las bases de coordinación entre los gobiernos federal, estatales y municipales para fortalecer la gestión de la información inmobiliaria y brindar mayor certeza jurídica sobre los derechos de propiedad.
La legislación también busca mejorar la identificación de los predios, actualizar la información territorial y facilitar los trámites relacionados con los bienes inmuebles, a través de herramientas tecnológicas y criterios comunes para las autoridades responsables.
Clave Única Catastral y digitalización de trámites
Entre las principales disposiciones de la nueva ley destaca la implementación de la Clave Única Catastral, un identificador que permitirá reconocer cada predio o unidad inmobiliaria y vincular su información con el folio real correspondiente en el Registro Público de la Propiedad.
Asimismo, se contempla la creación de la Cédula Única Catastral y Registral, documento que integrará información catastral y registral para facilitar la identificación física y jurídica de los inmuebles.
La ley precisa que la asignación de una Clave Única Catastral no constituye, por sí misma, prueba plena de propiedad, posesión, superficie o colindancias.
Otro de los cambios relevantes es la implementación de plataformas digitales para la gestión de trámites y servicios catastrales y registrales.
Estas herramientas permitirán integrar información territorial, gestionar solicitudes, habilitar pagos electrónicos y facilitar la comunicación entre las dependencias involucradas.
Además, los trámites realizados mediante las plataformas tendrán los mismos efectos jurídicos que los presenciales, conforme a los lineamientos correspondientes.
¿Cuándo deberán implementarse los cambios?
La ley establece un calendario para la modernización de los sistemas catastrales y registrales del país.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) deberá emitir los lineamientos para la implementación de los planes nacionales catastral y registral, así como habilitar las plataformas tecnológicas, dentro de los plazos establecidos en los artículos transitorios.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en coordinación con la ATDT, será responsable de emitir los lineamientos para la integración y adopción de la Clave Única Catastral y la Cédula Única Catastral y Registral.
Las autoridades deberán adoptar e implementar los modelos de homologación y las plataformas a más tardar el 31 de diciembre de 2026, con el propósito de que entren en operación el 1 de enero de 2027, conforme al calendario que publique la ATDT y considerando las capacidades técnicas y operativas.
Asimismo, los congresos estatales tendrán un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor del decreto para realizar las adecuaciones legislativas correspondientes, mientras que los gobiernos estatales y municipales dispondrán de 180 días hábiles para armonizar la normativa que les corresponda.
Implicaciones para el sector inmobiliario
La modernización de los catastros y registros públicos representa un cambio en la manera en que las autoridades administran y comparten la información de los bienes inmuebles.
La vinculación de los datos catastrales y registrales permitirá identificar posibles inconsistencias en los registros y establecer mecanismos para su corrección, lo que podría contribuir a mejorar los procesos de consulta y verificación de información inmobiliaria.
Asimismo, la homologación de requisitos y procedimientos busca reducir las diferencias administrativas entre entidades federativas y municipios, aunque sus resultados dependerán de la implementación efectiva de las plataformas y de la actualización de los registros existentes.
La ley también contempla la protección de datos personales, la seguridad de la información y la trazabilidad de las modificaciones realizadas en los sistemas.
Con su entrada en vigor, México inicia una nueva etapa de modernización de la gestión catastral y registral, cuya ejecución requerirá coordinación institucional, actualización tecnológica y adecuaciones normativas en los distintos órdenes de gobierno.
