Francisco Dorantes Díaz afirmó que el Derecho a la ciudad puede convertirse en una herramienta para articular derechos ambientales, sociales y urbanos
La crisis climática exige respuestas cada vez más amplias e integrales. En ese contexto, el derecho a la ciudad puede convertirse en una herramienta jurídica capaz de contribuir a la construcción de soluciones que vinculen la sustentabilidad, la justicia social y la participación ciudadana, consideró Francisco Javier Dorantes Díaz, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Durante su participación en el Seminario Permanente Derecho del Cambio Climático y Gobernanza 2026, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el especialista señaló que la relación entre el derecho a la ciudad y el cambio climático aún no ha alcanzado el desarrollo jurídico e institucional que podría tener, por lo que existe un vacío doctrinal y práctico que debe atenderse.
De acuerdo con Dorantes Díaz, la consolidación de este concepto requiere la participación de diversos actores, pues representa una oportunidad para fortalecer las herramientas jurídicas destinadas a enfrentar una de las principales problemáticas globales actuales.
Una respuesta urbana a la crisis climática
Asimismo, el académico recordó que el calentamiento global continúa avanzando y que los desafíos ambientales son cada vez más complejos. Citó datos del Informe de Prospectiva Global del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), según los cuales es necesario reducir en 42% las emisiones de gases de efecto invernadero para contener los efectos del cambio climático.
Además, el documento advierte que actualmente existe alrededor de 1 millón de especies amenazadas, mientras que cerca de 100 millones de hectáreas presentan algún grado de degradación ambiental.
A ello se suma la previsión de que para 2050 disminuya la disponibilidad de alimentos, un escenario que, según el informe Perspectivas del medio ambiente mundial. El futuro que elegimos, demanda la implementación de medidas integradas, innovadoras y de rápida aplicación.
Frente a este panorama, Dorantes Díaz sostuvo que el derecho a la ciudad puede desempeñar un papel relevante en la agenda climática.
“Por eso propongo que el derecho a la ciudad puede ser propositivo en materia de cambio climático”, afirmó.
Un derecho reconocido en la Ciudad de México
El especialista explicó que el derecho a la ciudad constituye una garantía fundamental de carácter colectivo que busca articular diversos derechos relacionados con la cultura, la educación, el medio ambiente y el trabajo.
Asimismo, implica obligaciones para el Estado en materia de prestación de servicios públicos de calidad, buena administración, inclusión social, participación democrática y aplicación de los principios de función social de la propiedad y de la ciudad.
En el caso de la Ciudad de México, este derecho se encuentra reconocido en el artículo 12 de la Constitución local, donde se establece que todas las personas tienen derecho al uso y usufructo pleno y equitativo de la ciudad bajo principios de justicia social, democracia, igualdad, sustentabilidad, respeto a la diversidad cultural y protección de la naturaleza.
Para Dorantes Díaz, esta disposición ofrece una visión integradora que permite vincular distintos derechos y orientarlos hacia objetivos comunes, entre ellos el combate al cambio climático.
“Con esa garantía tenemos un concepto integrador, que puede ser útil para sumar diversos derechos que deben ser armónicos y tener como uno de sus principios el combate al cambio climático”, destacó.
Más allá de la sustentabilidad
Además, el académico subrayó que el alcance del derecho a la ciudad va más allá de las políticas ambientales tradicionales, ya que también puede fortalecer la participación social, la cultura democrática y los mecanismos de gobernanza urbana.
En ese sentido, consideró que este concepto puede utilizarse como fundamento para acciones jurídicas, litigios estratégicos y estudios integrales que permitan abordar de manera conjunta los desafíos sociales, urbanos y ambientales que enfrentan las ciudades.
Y, de igual manera, señaló que el desarrollo de nuevas perspectivas jurídicas está impulsando una visión más cercana a la naturaleza y menos centrada exclusivamente en las necesidades humanas.
“Hoy en día estamos construyendo un derecho más acorde con la naturaleza, más allá de una visión antropocéntrica”, concluyó.
