Especialistas advierten que los cambios a la Ley de Amparo podrían generar incertidumbre jurídica y frenar la inversión en México
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una propuesta de reforma a la Ley de Amparo que busca digitalizar los procesos y fortalecer la protección ciudadana. No obstante, especialistas advierten que algunos de los cambios podrían poner en riesgo la inversión en el país.
La reforma forma parte del segundo paquete de leyes derivado de la modificación constitucional al Poder Judicial. Además de la Ley de Amparo, impacta el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, el Código Fiscal de la Federación y otras normativas.
Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, explicó que, sin la disposición de retroactividad, la reforma podría representar un avance para modernizar, agilizar y dar certeza jurídica al juicio de amparo.
Por su parte, el diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, señaló que la Cámara de Diputados mantiene apertura al diálogo sobre la iniciativa. Agregó que la Comisión de Hacienda y Crédito Público ha realizado mesas de trabajo con diversos funcionarios para abordar el tema.
La minuta de la Ley de Amparo fue turnada por la Mesa Directiva a las comisiones de Justicia y de Hacienda y Crédito Público. Monreal Ávila prevé que entre el martes y el miércoles de la próxima semana se discutan en el Pleno los dictámenes de la Ley de Ingresos y de la Ley de Amparo.
“Ya tiene unos días en la Comisión de Hacienda trabajando y van a trabajar toda esta semana, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y el lunes pueden estar presentando los dictámenes de Ley de Ingresos para ver si entre martes y miércoles pudiéramos estar votándola”, señaló.
Ley de Amparo vs inversión
A través de un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exhortó a las autoridades a “revisar con responsabilidad la reforma a la Ley de Amparo”. Reconoció los esfuerzos por modernizar los procesos, pero advirtió que la propuesta representa un retroceso en materia de justicia constitucional.
La organización empresarial advirtió que la reforma podría desincentivar la inversión en México, especialmente ante las próximas revisiones del T-MEC.
“De aprobarse esta reforma sin correcciones de fondo, México enviaría una señal negativa a inversionistas nacionales y extranjeros. La confianza en las instituciones y la certidumbre legal son condiciones indispensables para atraer capital, generar empleo y mantener la estabilidad económica. Además, un debilitamiento del marco jurídico mandaría un mensaje de desconfianza internacional que podría complicar las negociaciones y revisiones del T-MEC, afectando la posición de México frente a sus principales socios comerciales”, señaló.
Karim Oviedo Ramírez, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), reconoció que los procesos de amparo se han vuelto más complejos con el tiempo, pero cuestionó los alcances de la propuesta.
“Antes cualquiera podía solicitar el amparo al poder presentar un escrito muy sencillo y los jueces ayudaban. El día de hoy se volvió un instrumento costoso, técnico y además, inoperante, entonces creo que yo creo que sí importante que nosotros nos demos cuenta de esto”, comentó.
El especialista advirtió que la incertidumbre jurídica podría reducir el interés por invertir en el país.
“En general creo que puede afectar el ánimo de cualquier persona, inclusive los nuevos empresarios mexicanos por invertir en el país. Creo que, si a un país le quitas la certeza jurídica sobre tu patrimonio, le estás robando mucho aliciente para poder invertir y creer en el país”, señaló.
Oviedo añadió que, con las modificaciones propuestas, queda en duda la protección de los ciudadanos y de su patrimonio.
“La verdad no entendemos si el amparo bajo proteger a las autoridades o va a proteger a los ciudadanos. Creo que este es un tema muy importante que debemos de atender y desde luego va a desincentivar no solamente desde el criterio inmobiliario, en cualquier tema si no se les da certeza a los ciudadanos sobre su patrimonio”, afirmó.
Por su parte, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) manifestó su preocupación ante las reformas propuestas a la Ley de Amparo, al considerar que podrían afectar a los inversionistas y desarrolladores del sector.
La ADI subrayó que el sector inmobiliario es uno de los “más sensibles a los cambios regulatorios”, sobre todo en temas relacionados con permisos, usos de suelo, densidades y normativas ambientales. Por ello, advirtió que esta reforma podría desincentivar la inversión inmobiliaria.
“Limitar el alcance de la suspensión en el amparo implica dejar a los desarrolladores sin una defensa efectiva frente a posibles arbitrariedades, generando desventajas competitivas entre proyectos similares y debilitando la confianza de los inversionistas”, señaló.
