La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), encabezada por Luis Méndez Jaled, expresó su respaldo a la iniciativa de Ley General de Infraestructura para el Bienestar, presentada en julio de 2025 por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.
Durante una conferencia de prensa, el Méndez Jaled destacó que el nuevo marco normativo puede convertirse en un motor para detonar proyectos estratégicos de infraestructura bajo esquemas público-privados, siempre que se privilegien la transparencia y la justa distribución de riesgos.
Inversión mixta con enfoque social
El líder del gremio constructor recordó que las asociaciones público-privadas (APP) han permitido, desde la década de los 90, reducir la carga presupuestal del Estado al atraer capital privado, acelerar tiempos de ejecución y elevar estándares constructivos.
Sin embargo, reconoció que la Ley de APP de 2012 dejó aprendizajes importantes, entre ellos contratos poco transparentes y riesgos inequitativos para el sector público.
La nueva propuesta, dijo, busca corregir esas asimetrías mediante la creación de la Comisión de Infraestructura para el Bienestar, un índice de medición de beneficios sociales y un comité de expertos.
Además, cambia el enfoque de rentabilidad financiera hacia el bienestar social, con objetivos ambientales, de equidad territorial y de justicia regional.
Elementos clave de la iniciativa
Méndez destacó que la iniciativa contempla siete títulos y 97 artículos, entre los que destacan:
- Centralización de la rectoría en Hacienda mediante una comisión interinstitucional.
- Flexibilidad en la contratación de estudios y asesorías para agilizar proyectos.
- Sistemas de solución de controversias basados en conciliación, arbitraje y peritaje técnico.
- Creación de un Fondo de Infraestructura para el Bienestar, enfocado en comunidades marginadas.
- Participación de la banca de desarrollo, como Banobras, en financiamiento y garantías.
Llamado a Parlamento abierto
No obstante, el presidente de la CMIC subrayó la necesidad de que el Congreso organice un Parlamento abierto para escuchar a todos los actores del ciclo de infraestructura (empresas constructoras, academia, financieros, especialistas y legisladores) antes de dictaminar la ley.
“El sector está listo para aportar su experiencia, capacidades técnicas y propuestas innovadoras. Queremos una ley que garantice transparencia, sostenibilidad y beneficios sociales medibles”, sostuvo.
¿Qué propone la CMIC?
Asimismo, la Cámara planteó algunas propuestas en el marco de la iniciativa de Ley General de Infraestructura para el Bienestar, por ejemplo:
- Acompañar el análisis de la Ley con diagnósticos, propuestas y experiencias, para enriquecerla en temas clave como certificación de empresas, sostenibilidad, infraestructura verde y uso de tecnologías de vanguardia.
- Acelerar el análisis, discusión y aprobación de esta Iniciativa de Ley a efecto de contar con un marco jurídico que dé certeza y financiamiento responsable a las obras estratégicas del Plan México.
- Poner a consideración de Proyectos México (Banobras) los anteproyectos con potencial de inversión mixta en energía, agua, carreteras, puertos y movilidad urbana.
- La CMIC respalda el enfoque social de la Iniciativa: infraestructura como medio para garantizar derechos y cerrar brechas, pero propone incluir el criterio de equilibrio territorial y sectorial en las inversiones mixtas.
- Corregir las asimetrías del esquema Público- Privado: mayor transparencia, regulación pública y un Fondo de Infraestructura para el Bienestar.
- Apoyar un paradigma centrado en bienestar, equidad y participación pública, con controles institucionales estrictos y mecanismos redistributivos.
- Creación de un Instituto de Planeación que fortalezca la planificación estratégica y el desarrollo técnico de la infraestructura, asegurando la continuidad de los proyectos y evitando que se limiten a obras insignia de cada sexenio.
- Incidir en la reglamentación, aportando insumos técnicos y metodológicos para que la voz del sector privado, a través de la CMIC, quede reflejada en los nuevos lineamientos de la Ley.
