Autoridades destacaron que se ha observado una expansión de asentamientos humanos en zonas no aptas para la urbanización
El Gobierno Federal, a través de las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Turismo (Sectur), así como del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en coordinación con el Gobierno del estado de Oaxaca y el Gobierno municipal de Santa María Huatulco, anunciaron medidas para combatir los asentamientos irregulares en el polígono del Centro Integralmente Planeado Bahías de Huatulco (CIP Huatulco).
En un comunicado conjunto, las dependencias indicaron que, en los últimos años, se ha observado una importante expansión de asentamientos humanos en zonas no aptas para la urbanización.
Lo anterior ha generado graves afectaciones a la población local, al desarrollo urbano, a los bosques y selvas de la zona, y a la infraestructura existente, con consecuencias negativas sobre la prestación eficiente de servicios públicos esenciales para el bienestar de las familias de la región.
En ese sentido, destacaron la urgencia de detener el crecimiento de los asentamientos humanos irregulares en la zona, a fin de proteger a sus habitantes de riesgos de deslaves, inundaciones y otros peligros, así como para proteger a los ecosistemas naturales.
Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la población a denunciar a quienes promueven la ocupación irregular de tierras en el municipio de Santa María Huatulco; además, aclararon que no se regularizarán terrenos ocupados ilegalmente y que quienes participen en estas acciones podrían enfrentar sanciones penales.
“Las tierras ocupadas de manera irregular deberán ser desocupadas conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente. Las autoridades federales, estatales y municipales recuerdan que la ocupación o promoción para ocupar ilegalmente tierras es un delito penal. Las autoridades no abrirán ningún proceso de regularización en estas ocupaciones”, se lee en el comunicado.
