Por Carmen Contreras*
Ya se constituyó el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Ya tiene un domicilio físico y una estructura organizacional, su Ley Orgánica que se publicó el 13 de marzo del 2020 y su reglamento interno que apareció en la Gaceta de la CDMX el pasado 30 de marzo.
La pandemia vino a alargar algunos procesos como la formulación del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Sin este no hay una brújula para la planeación de temas particulares como la vivienda y los corredores de “vivienda incluyente”. La pandemia también nos orilló a la urgencia para la actualización y aplicación de programas de política urbana como el “paquete de medidas para la reactivación económica” que se presentaron el 17 de marzo de este año por acuerdo de la Asamblea General del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México. De estas últimas se generó la expectativa de que los trámites y las aplicaciones de pagos de derechos para construir sean más eficientes y transparentes ante la ciudadanía.
En la más reciente presentación de las nuevas medidas para la reactivación económica se incluyeron el Plan Maestro para la Zona Rosa, el Plan para Vallejo como clúster tecnológico y la ventanilla única del INVI-Infonavit para facilitar la construcción de vivienda de interés social. Para el caso de desarrollos de tipo comercial y de vivienda para personas con ingresos altos se constituyó un grupo llamado Comisión de Impacto Único para que los permisos sujetos a estudios de impacto que dan distintas secretarías se revisen en una “sala”. A todo esto nos preguntamos: ¿Qué papel tiene en esta escalera digna de Kafka el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la CDMX?
Celebro que los estudios de impacto pasen por una sola ventanilla, aunque es temprano saber qué efectividad tiene la Comisión de Impacto Único compuesta por las autoridades de la SEDUVI, la SEDEMA, la SEMOVI y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos. Sin embargo…
Más allá de la lógica burocrática, pienso que el Instituto de Planeación se está quedando al margen de actividades definitorias para nuevos desarrollos inmobiliarios y estamos actuando en pequeñas islas fragmentadas para impulsar proyectos con el menor costo social adverso que nos permiten las circunstancias políticas y económicas. Estos esfuerzos aislados requieren integración a una estrategia para un futuro sustentable de la Ciudad de México.
La Planeación es un “producto” de la deliberación democrática y también es un “proceso” que en este momento se está guiando por la emergencia económica. Esto ha implicado que los medios para la participación democrática se estén apagando y dejando de lado como las reformas al marco jurídico del desarrollo urbano y la vivienda, la cual debe impulsar el Instituto y convocar, ahora sí, de manera amplia, a la elaboración de Programa General de Ordenamiento Territorial. Hago hincapié en el papel del Instituto porque sabemos que del Congreso no va a salir la voluntad ya que su mayoría está entregada a la agenda del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México y del país.
Además de la formulación del PGOT, el Instituto debe recuperar la información y experiencias que ha recogido en los foros, consultas y estrategias de comunicación sobre los temas de ciudad para:
Reformular las competencias de la SEDUVI, la SEDEMA y la SEMOVI en materia de dictaminación de proyectos de vivienda, movilidad y desarrollo inmobiliario y estas pasen a la mesa del Instituto. Esto implica absorber a las áreas de planeación de esas dependencias que ya no pueden sostenerse bajo la precariedad de sus perfiles y recursos.
Fortalecer la evaluación y el diseño de programas públicos de todo tipo: económico, social, cultural, ya sea con diagnósticos participativos o con el monitoreo de su implementación. Así es como se obtiene un visor para saber qué pasa en las alcaldías con los programas locales o centralizados. La evaluación del impacto de las políticas públicas se alimenta de ese conocimiento de la aplicación de los programas a nivel local, en donde un criterio fundamental es la medición de los presupuestos públicos conforme a resultados verificables. ¿Por qué? Porque todos los recursos públicos de estos programas están modificando las relaciones entre los actores sociales y el territorio y necesitamos saber hacia dónde van estas modificaciones.
Finalmente, agrego a este recordatorio que el Instituto debe fortalecer al Consejo de Evaluación de la CDMX. Esto implica institucionalizar la Evaluación para que no se corra el riesgo de que los organismos dedicados a esta desaparezcan o se les recorte presupuesto. Para ello deberían estar trabajando de manera tripartita con la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México para la formación de servidoras y servidores públicos que sepan evaluar acciones, programas y políticas y no le teman a este término: Medición de Impacto.
Texto y fotografía: Carmen Contreras @Utopia_Urbana
*Directora de Perspectiva de IG y
Consultora en Desarrollo Urbano
con Perspectiva de Género
@Utopia_Urbana
