La semana pasada tuve el placer de participar en una de las mesas del 7 Congreso Nacional de Suelo Urbano, organizado, entre otras instancias, por la UNAM, la Sedatu y la AMIMP (Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación).
Debo decir que me sorprendió la nutrida asistencia al evento y las coincidencias en temas que de tan contundentes, cuesta trabajo entender que no terminen de cuajar en políticas, regulaciones e inversiones, que verdaderamente estén transformando, para bien, las ciudades mexicanas.
Es increíble que estando tantos de acuerdo, y particularmente los que sí saben del tema, las cosas sigan sin cambiar o los cambios se den a cuenta gotas, mucho, pero mucho más lento de lo que la realidad exige.
Consenso total en reconocer la necesidad de asumir la planeación territorial y urbana como prioridad país y elemento estratégico al momento de plantear un Plan Nacional de Desarrollo y sus debidos aterrizajes a los ámbitos locales por la vía de planes equivalentes de carácter estatal y municipal.
Consenso total en señalar que no basta con que este carácter de prioridad sea dado solo en el discurso, sino que, es fundamental traducirlo en regulaciones alineadas de los tres niveles de gobierno, así como en regulaciones, estas de esencia básicamente local, sobre todo en lo que compete a los usos de suelo, e inversiones en las infraestructuras que permitan dar a ese suelo vocación verdaderamente urbana.
Lo malo, y esto se decía también en este foro y sus pasillos, es que esta contundente realidad técnica y lógica, pierde peso al formar parte de agendas en que lo que se privilegia son temas de mayor fondo político.
No hay duda de que Sedatu hace bien en delinear una sólida política nacional de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda, el tema está en las carencias que existen en estados y municipios y que son lo que al final del camino definirá el tiempo que puede llevar poner en práctica todo lo que la Secretaría propone y se está metiendo a hacer.
Habrá que acelerar la conformación de una poderosa política marco nacional, para desde ella empezar el arduo proceso de ir bajando de nivel para generar políticas y programas en consecuencia en los órdenes estatal y municipal.
Y esto que en el discurso suena tan evidente, hay que respaldarlo con instrumentos que doten a los municipios de las capacidades de gestión, técnicas y financieras, necesarias para generar sus instrumentos de planeación y regulación en materia de desarrollo urbano.
Y claro, se trata de que del orden nacional al municipal y viceversa, se generen sinergias que permitan que el trabajo que se haga en cada municipio sea parte de un rompecabezas que responda a un proyecto de país.
Se trata de hacer en el territorio un layout encaminado a cumplir los objetivos planteados.
Y bueno… Justo en eso estábamos, en el ánimo de todo lo que se platicó en el magnífico foro referido, cuando el Congreso de la Ciudad de México dio el mejor ejemplo de lo poco que les importa a los políticos el desarrollo urbano, al aprobar una iniciativa para modificar la Constitución chilanga y posponer del 1 de julio al 5 de diciembre, la instalación del Instituto de Planeación y Prospectiva, que tiene entre sus funciones elaborar los tan, pero tan esperados Plan General de Desarrollo Urbano y Programa de Ordenamiento Territorial, tanto de la entidad, como de sus 16 alcaldías.
Simple, son ya más de 15 años sin que se actualicen los instrumentos de planeación y regulación urbana de la capital del país y todo apunta a que no es tema que preocupe a los políticos.
Así que, entre otras cosas provocadas por la falta de estos instrumentos, es seguro que seguirán subiendo los precios de las viviendas y que seguirá sin haber opciones para que los segmentos de menores ingresos resuelvan adecuadamente su personal reto habitacional…
Ni modo, se pueden hacer miles de Congresos, pero prioridades, son prioridades.
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