Además, el 55% de los capitalinos manifestaron haber enfrentado dificultades para el pago de la renta o la hipoteca de su vivienda
De acuerdo con un cuestionario aplicado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (IIS) y la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) a 409 personas que antes de marzo del 2020 residían en Ciudad de México, la pandemia por Covid-19 ha agravado el sistema habitacional de la metrópoli.
Dentro de las conclusiones obtenidas, destaca que la informalidad ha crecido considerablemente en el mercado de la vivienda en renta. Pues, en 2020, el 66% de las personas encuestadas contaban con un contrato escrito; sin embargo, para 2021, este porcentaje se redujo a 46 por ciento.
Además, el 15% de los encuestados dijeron haber sido desalojados, principalmente por parte de los propietarios de los inmuebles que habitaban; en algunos casos de manera violenta y sin tener alguna otra alternativa de vivienda a la cual acudir.
De igual manera, el cuestionario reveló que el 55% de los capitalinos han enfrentado dificultades para pagar la renta o la hipoteca de su vivienda; esto debido a la pérdida del empleo, la disminución de los ingresos, o problemas de salud derivados de la crisis sanitaria.
Asimismo, el 32% tuvieron que cambiar su lugar de residencia. De éstos, el 18% lo hizo dentro de la CDMX y el 14% al Estado de México u otra entidad; mientras que un 29% se mudó a la vivienda de amigos o familiares.
“El deterioro de las actuales soluciones habitacionales, reflejo del empeoramiento de las condiciones de vida debido a la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia, queda claro si se consideran los hallazgos del sondeo”, señaló el IIS.
¿Qué medidas debería tomar el Gobierno de la CDMX?
Por otro lado, los participantes de la encuesta concordaron en que, para revertir estas problemáticas, es necesario que:
- El régimen inquilinario ocupe un lugar central en las políticas de atención y en la reconstrucción post Covid-19.
- Se legisle en materia inquilinaria desde una perspectiva de derechos humanos, equilibrando la relación entre personas propietarias e inquilinas.
- Que el Estado regule los precios de renta de acuerdo a los salarios percibidos por los habitantes de la ciudad. Además de que se ofrezcan apoyos para personas arrendatarias en dificultad y se amplíen las opciones para acceder a una vivienda.
